La juez encargada de la investigación de la presunta trama de corrupción conocida como 'caso Mediador' ha dado por concluida la instrucción de la pieza principal, procesando a 23 personas por una serie de delitos que van desde el cohecho hasta el blanqueo de capitales.
Entre los implicados figura Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado socialista en el Congreso y presunto cabecilla del grupo, así como Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno canario y sobrino de Fuentes Curbelo.
También han sido procesados el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y Marco Antonio Navarro Tacoronte, intermediario que da nombre al caso.
Indicios suficientes
La magistrada María de los Ángeles Lorenzo ha apreciado indicios suficientes para sentar a los procesados en juicio por nueve delitos: cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Entre los procesados en el conocido como 'caso Mediador' se encuentran dos antiguos cargos públicos del Gobierno de Canarias durante la pasada legislatura: Álvaro de la Bárcena, exviceconsejero de Sector Primario, y José Domingo Fernández, exdirector general de Lucha contra el Cambio Climático. La causa también involucra a empresarios y otros funcionarios que, según la investigación, habrían participado en una trama de presuntos sobornos y favores a cambio de beneficios económicos y administrativos.
10 días
La jueza concede un plazo de 10 días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio oral y formular cargos, o bien para pedir el sobreseimiento de la causa. La Guardia Civil, por su parte, describe que tras esta trama hay un entramado de personas vinculadas a las administraciones públicas que presuntamente cobraban mordidas de empresarios para favorecer negocios, obtener ayudas europeas o eludir sanciones.
El nexo central de la red sería Marco Antonio Navarro Tacoronte, intermediario tinerfeño cuyos teléfonos móviles han aportado conversaciones, mensajes, fotografías y transferencias que constituyen gran parte de la prueba. La investigación sitúa a la cabeza de la trama a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado del PSOE que renunció tras estallar el escándalo, y a Francisco Espinosa Navas, general de la Guardia Civil en cuyo domicilio se hallaron 61.110 euros en efectivo. Ambos habrían utilizado su influencia para favorecer intereses privados y recibir sobornos de empresarios, incluso en reuniones celebradas en el Congreso.
Red
El auto procesa por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, estafa y falsedad a varios implicados, entre ellos Navarro Tacoronte, Fuentes Curbelo y Espinosa Navas, así como a empresarios como Miguel Ángel Robayna García y Alberto Montesdeoca García. También se incluyen otros funcionarios públicos vinculados a la Consejería de Agricultura, como Estefanía González Núñez y Bienvenida Reyes Ojeda. Finalmente, se aprecian indicios de blanqueo de capitales en las actuaciones de algunos de los implicados, ampliando el alcance de la investigación a una red que combina corrupción política y empresarial.