La segunda sesión del I Congreso Internacional del Observatorio Iberoamericano contra la Violencia de Género Observatorio Iberoamericano que se está celebrando en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria comenzó la mañana de este viernes con la intervención de Gloria Ramírez Hernández, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (Universidad Nacional de México). En la primera mesa de la jornada también han intervenido María Eugenia Torres Costas, profesora de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid, que habló del acceso de las mujeres con discapacidad a la justicia y Lidia Guinart, presidenta de la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que defendió la ponencia “violencia de género, cuestión de Estado”.
La profesora mexicana Gloria Ramírez comenzó recordando a la estudiante canaria Claudia Tacoronte, que fue asesinada el pasado doce de septiembre en el municipio de Cuautla en el estado mexicano de Morelos, donde participaba en un intercambio universitario. Gloria Ramírez expresó su solidaridad con la familia de la estudiante canaria y mostró su deseo de que se juzgue pronto al culpable y que cumpla su castigo. La directora de la Cátedra UNESCO de la UNAM explicó que desde ese organismo “coordinamos los llamados informes sombra y nos reunimos con el comité que examina el Estado, este es parte del trabajo que hacemos como academia”. Ramírez añadió que “el derecho de acceso a la justicia es la puerta de todos los derechos, desgraciadamente para las mujeres indígenas el camino de acceso a la justicia es muy difícil y sinuoso”.
Sociedad patriarcal
La profesora mexicana recordó que “esta sociedad se construyó de una forma patriarcal, las mujeres no tuvimos derechos hasta el siglo XX, hasta ese momento todas las leyes se hicieron con una mirada patriarcal y misógina, lo que ha provocado que sigamos en el siglo XXI con obstáculos estructurales”. “Las mujeres indígenas- añadió Ramírez- suelen no denunciar por temor a ser humilladas y estigmatizadas, porque en la violencia de género la víctima se siente culpable, por tanto ellas sufren una triple discriminación por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena”.
La Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM puso el ejemplo de varias mujeres indígenas que fueron violadas por militares mexicanos y que, para poder defenderse y denunciar se encontraron con obstáculos económicos, con la distancias de sus poblaciones y con entender el idioma español para acceder a la justicia. Para evitar que se repitan estos casos desde la Cátedra plantean “que la justicia tenga un enfoque intercultural con un equipo interdisciplinario, proponemos que todas las sentencias contengan enfoque de género e intercultural”.
Gloria Ramírez reconoció que “en México se ha avanzado, un ejemplo es la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al estado mexicano por la violación de la mujer indígena Valentina Rosendo Cantú en 2002, violada por dos militares cuando tenía 16 años, hoy Valentina es una gran defensora de los derechos humanos, ha logrado que se abran casas de justicia en muchas poblaciones”. “No nos faltan normas-concluyó Ramírez- , ni leyes, nos faltan justicia, que se apliquen las leyes, y que se acabe la corrupción y la impunidad.”
Acceso a la justicia a mujeres con discapacidad
Tras Gloria Ramírez intervino la profesora de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid, Eugenia Torres Costas, que habló del acceso a la justicia de mujeres con discapacidad. La profesora de la Complutense defendió que "el acceso a la justicia debe entenderse más allá del ámbito judicial, debe entenderse a cualquier sistema donde las mujeres con discapacidad tengan que acceder como acceso a las notarías, a los registros o a la policía”. “Es importante el reconocimiento del pleno derecho a la capacidad jurídica-añadió Eugenia Torres-, no solo titular de derecho sino el derecho a ejercerlo, si este derecho se niega se limita el acceso a la justicia, en general a las mujeres se nos ha negado tradicionalmente la capacidad jurídica”. A juicio de la docente de la Universidad Complutense “existen barreras que provocan la denegación de la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad como los prejuicios negativos y estereotipos, que se les infantilice y se les niegue la credibilidad en sus testimonios”. La profesora contó que se dan muy pocas autorizaciones de aborto, además está el problema de la falta de educación de esas mujeres que no pueden reconocer que están siendo víctimas de vulneración de sus derechos porque el lenguaje jurídico que no se entiende.
Pacto de Estado contra la violencia
La primera mesa de la jornada la cerró Lidia Guinart Moreno, presidenta de la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lidia Guinart recordó que “hasta 1978 el asesinato de una mujer podía tener atenuantes si el hombre lo hacía influido por celos o por una posible infidelidad, respondía a esa visión de la maté porque era mía que se sigue produciendo hoy ”. Guinart sostuvo que “En 1997 hubo un punto de inflexión en el imaginario colectivo de la sociedad española, cuando asesinaron a Ana Orantes, que tuvo la valentía tras cuarenta años de maltrato y contar que se estaba separando de su maltratador, unos días después la asesinó su expareja, eso sacó la violencia machista al debate público”.
En 2017 se firmó el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con una dotación de 1.000 millones de euros. El segundo Pacto de Estado se firmó en febrero de 2025, que recogió aspectos que le faltaban al primero como la violencia digital. Hubo más de 100 comparecencias en sede parlamentaria entre un pacto y otro.
Apoyo
La ponente señaló que “el segundo es un pacto muy ambicioso, además lo conseguimos pese al momento polarización política que vivimos, y se logró con el respaldo de todos los partidos excepto de Vox, que solo participó intentando boicotearlo”. El Pacto de Estado de 2025 tiene 461 medidas, con 1.500 millones de euros de presupuesto y contempla las nuevas realidades delictivas: la violencia digital, casi 3 de cada 4 mujeres jóvenes han recibido comentarios sobre su cuerpo en redes sociales. Seis de cada diez que miran contenidos publicitarios donde aparecen mujeres jóvenes en internet están relacionados con la moda o la belleza. El pacto también contiene aspectos como la violencia económica, el impago de pensiones, y la violencia vicaria.
El Congreso Internacional del Observatorio Iberoamericano contra la Violencia de Género que se está celebrando en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está organizado por la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria. Las ponencias pueden seguirse en directo a través del canal you tube de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: ULPGC en directo - YouTube
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