Representantes de ANPE, CCOO y UGT reclamaron este lunes en comisión parlamentaria que la futura norma canaria que reconocerá la condición de autoridad pública del profesorado incluya financiación concreta y medidas aplicables, condición que consideran imprescindible para que la ley tenga efectos reales en el sistema educativo.

Durante sus comparecencias, las organizaciones sindicales coincidieron en advertir de que el reconocimiento jurídico ya existe en la legislación estatal y autonómica, por lo que el nuevo texto solo supondrá un cambio relevante si incorpora mejoras tangibles en condiciones laborales, respaldo institucional y reconocimiento social del profesorado.

Más allá del reconocimiento simbólico

La representante de UGT, Miriam Montesdeoca, señaló que el alcance del proyecto determinará si se convierte en un avance estructural o una oportunidad perdida, insistiendo en que el reconocimiento formal carecerá de impacto si no va acompañado de recursos económicos y desarrollo normativo efectivo.

En la misma línea, CCOO y UGT defendieron que la futura regulación incluya también a los docentes de la enseñanza concertada, mientras que Pedro Crespo, de ANPE, pidió realismo presupuestario y recordó el incumplimiento histórico del objetivo de inversión educativa del 5% del PIB en Canarias.

Medidas concretas

Los sindicatos coincidieron en que la ley debe incorporar herramientas prácticas de protección y no limitarse a una declaración institucional. Entre las demandas figuran apoyo psicológico, respaldo administrativo y protocolos claros ante conflictos en los centros educativos.

Además, alertaron sobre nuevas formas de conflictividad vinculadas al entorno digital, como grabaciones no consentidas en aulas, campañas de descrédito en redes sociales o difusión de contenidos en grupos de mensajería, fenómenos que consideran cada vez más presentes en la convivencia escolar.

Agresiones, presión laboral y desgaste emocional

Según los datos expuestos por ANPE, el pasado curso se registraron 24 agresiones a docentes en Canarias, aunque el sindicato subrayó que el problema principal reside en la violencia verbal y el cuestionamiento constante de la autoridad profesional, junto al desgaste emocional derivado del trabajo diario.

A esta situación se suman la carga burocrática, la falta de personal de apoyo y una tasa de interinidad cercana al 30%, factores que, según los sindicatos, explican que más de la mitad del profesorado sufriera ansiedad el último curso, mientras un 15% presentó cuadros depresivos y un 26% atravesó bajas laborales temporales.

Crespo defendió que la autoridad pública no implica imposición ni limitación de derechos, sino legitimidad profesional para dirigir el aula y gestionar la convivencia, estableciendo límites cuando resulte necesario para garantizar el proceso educativo. El representante sindical incidió en que las familias delegan durante gran parte del día responsabilidades educativas y de custodia en los docentes, lo que exige un marco legal que les proporcione herramientas efectivas ante conflictos y situaciones de cuestionamiento público.

Protección jurídica 

Desde UGT se insistió en que la autoridad docente debe traducirse en protección jurídica automática por parte de la administración en un máximo de 24 horas ante incidentes o agresiones, además de cobertura completa de responsabilidad civil y medidas cautelares que salvaguarden al profesorado.

Montesdeoca defendió también la creación de un servicio de atención psicológica específico y advirtió de que la defensa legal no puede recaer en el docente de forma individual, sino que debe asumirse institucionalmente como parte de la función pública educativa.

CCOO alertó del riesgo de que la norma resulte reiterativa o simbólica si no incorpora procedimientos claros. El sindicato pidió protocolos públicos de actuación, coordinación con la Fiscalía y garantías de seguridad jurídica en la presunción de veracidad del profesorado. Entre sus propuestas figuran formación obligatoria para redactar informes disciplinarios, criterios objetivos y sistemas de trazabilidad documental que eviten conflictos interpretativos y preserven los derechos del alumnado y las familias.

Autoridad y democracia

María Flor Acosta defendió que la autoridad docente debe ser compatible con la participación democrática interna, denunciando una pérdida progresiva de capacidad decisoria de los claustros en la gestión cotidiana de los centros.

Asimismo, vinculó parte del aumento de la conflictividad educativa a la privatización de servicios como comedores escolares o apoyos para alumnado con necesidades especiales, elementos que, a su juicio, influyen en el clima educativo.

Los grupos parlamentarios presentes aseguraron haber tomado nota de las propuestas sindicales y se comprometieron a estudiarlas durante la tramitación del proyecto legislativo para valorar su incorporación al texto definitivo.