La ONG Provivienda ha propuesto este martes que en el Plan de Vivienda Canarias 2026-2031 se incluya a la infancia como colectivo prioritario en el acceso a las ayudas al alquiler y vivienda protegida, de forma que se reserve una parte del parque público para familias con menores en situación de vulnerabilidad.

El director territorial de Provivienda en Canarias, Fernando Rodríguez, ha realizado esta propuesta en la comisión parlamentaria que estudia la pobreza infantil en el archipiélago, donde ha puntualizado que se ha "cronificado" la situación de vulnerabilidad en las islas, que afecta a unos 91.000 menores y adolescentes.

Provivienda es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 36 años por el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad para todas las personas en una región en la que el 60 por ciento de los hogares presenta algún problema relacionado con la vivienda y 340.000 personas, el 15 por ciento de la población, tiene dificultades para afrontar el pago del alquiler y la hipoteca o asumir gastos de suministros, la tasa más alta del país.

Sinhogarismo

Además en 10 años el sinhogarismo ha aumentado en un 16 por ciento y en cinco se ha duplicado el número de demandantes de vivienda protegida, que ha pasado de unas 17.000 personas a 34.272, según datos del Gobierno canario. Fernando Rodríguez ha indicado además que sólo hay 19.412 viviendas protegidas en Canarias, el 1,3 por ciento del mercado residencial, y ha afirmado que entre 2013 y 2019 se produjo un vacío en la falta de estrategia en este ámbito "que estamos pagando ahora".

En el caso de la infancia estas carencias se traducen en menores que viven en viviendas con falta de condiciones, como carecer de una habitación propia, problemas de humedades y dificultades de aislamiento térmico y acústico que afectan a su desarrollo emocional, afectivo y educativo.

Mudanzas no deseadas

Además Canarias es la primera comunidad del país en cuanto al número de mudanzas no deseadas por pérdida de vivienda ante desahucios, subida del alquiler o no renovación del contrato, una situación que provoca una constante incertidumbre a poder perder el hogar, ansiedad y preocupación en los padres y dificultad de relaciones sociales duraderas y continuidad educativa en los menores.

Ante ello Provivienda propone aumentar el parque público de casas con las que ya están construidas, es decir con las más de 211.000 viviendas vacías en Canarias, de forma que se rehabiliten y se las dote de condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética "sin agotar territorio".

Protección oficial 

A continuación se les debería dotar de la condición de vivienda de protección oficial durante 50 años y ponerlas a disposición de las personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda en Canarias en el que hay, ha señalado Rodríguez, perfiles de todo tipo y "donde no hablamos de origen ni raza, hablamos de personas que cumplen con todos los requisitos".

También hay que construir "más y mejor", de forma que las nuevas viviendas se edifiquen con espacios verdes y zonas de juego, ha añadido el representante de Provivienda, para quien es una medida muy acertada la decisión del Gobierno de Canarias de realzar el programa de "bolsas de vivienda" porque es "el camino correcto".

Ausencia de datos

Una de las grandes dificultades en este ámbito es la ausencia de datos que con esta iniciativa, ha dicho Rodríguez, se va a atenuar ante la intención del Ejecutivo de realizar un estudio de la vivienda vacía en Canarias con el objetivo de dotar de incentivos a sus propietarios para ponerlas en el mercado.  

Se trata de saber "cuántas viviendas vacías hay, dónde están situadas, por qué están cerradas y cuáles son las necesidades de sus propietarios para ponerlas en alquiler, y a partir de ahí se podrán diseñar políticas públicas para apoyar su rehabilitación u ofrecer garantías ante un posible impago de la renta", ha continuado. Fernando Rodríguez ha subrayado además que la primera responsable en dotar al mercado de vivienda protegida es la administración pública y después la empresa privada, pero también ha abogado por la tercera vía por la que se apuesta a nivel estatal, esto es, la actuación del tercer sector con entidades como Provivienda.