El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) podrá ampliar la red de vigilancia de gases en Puertos Naos y La Bombilla a través de una subvención de 1,5 millones de euros que busca conocer cómo evolucionan las emisiones del volcán que erupcionó en 2021. Esta semana el Gobierno nacional ha aprobado el real decreto para el despliegue de esta ayuda, que se otorga a través del Instituto Geográfico Nacional y que en total alcanzará los 3 millones de euros hasta 2026.
Esta subvención busca que “de forma inmediata” se pueda desplegar una red de medidores a lo largo de los barrios anteriormente mencionados, donde los vecinos todavía no pueden acceder debido a los gases que emanan del subsuelo a causa de la erupción volcánica.
Mayor vigilancia
De hecho la subvención ha sido aprobada a través de un Real Decreto -publicado este viernes- y se otorga directamente a Involcan porque “concurren razones de interés público y social, que determinan la improcedencia de su convocatoria pública”.
El propio documento ya señala que el propósito es poner en marcha a través de esta red de vigilancia los mecanismos necesarios y adecuados que permitan minimizar el riesgo de exposición de la población a los gases tóxicos. Los vecinos de esta zona se han mostrado duramente críticos por el impedimento de acceder a sus casas situadas en estos barrios.
Rechazo al cierre
De hecho el pasado mayo anunciaron que presentarán medidas cautelares urgentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la medida que les impide volver a sus casas. Es una posición que la comunidad científica ha rechazado porque aseguran que la concentración de gases en ambos barrios sigue una tendencia al alza.
Sin embargo hay zonas de Puerto Naos, como es el caso de Los Lajones, donde en mayo se autorizó el regreso de siete familias, al constatarse una "baja incidencia" de los gases de origen volcánico que mantienen evacuado este núcleo costero y el vecino de La Bombilla.
Despliegue del presupuesto
La situación es dispar y para conocer con amplitud la situación es necesario ese despliegue. A lo largo de 2023 y 2024 se destinarán 750.000 euros para el diseño, adquisición e instalación de una red instrumental de estaciones de medida de CO2 y otra red de comunicaciones. También se adquirirán sensores que se instalarán en viviendas y locales comerciales situadas en plantas sótano, baja y primera plantas. Además, se incluirán garajes, entradas a bloques de vivienda y ascensores
Por otra parte, se destinarán 435.000 euros para poner en funcionamiento un centro de Alerta 24h 365 días en el que se puedan recibir los datos en tiempo real de la red de medida de gases y que deberá estar operativo de mediados de 2023 a finales 2026.
Habrá en adición un presupuesto de 165.000 euros para poner en funcionamiento herramientas que sirvan para la difusión de datos a la población, así como para la realización de programas divulgativos de los peligros posteruptivos. Por último, el decreto ha aprobado un presupuesto de 150.000 euros para los trabajos de mantenimiento de la red de sensores.