Miles de migrantes han llegado a las costas canarias a bordo de cayucos y pateras durante los últimos años. Pero ¿qué ocurre con esas embarcaciones una vez que sus ocupantes desembarcan? Su retirada, traslado y destrucción suponen un importante trabajo logístico y medioambiental que ahora vuelve a salir a concurso público.
La Delegación del Gobierno en Canarias ha licitado un contrato para gestionar los cayucos y otras embarcaciones interceptadas en las costas del Archipiélago, cuyo valor estimado alcanza los 4.106.665 euros.
El anuncio, publicado este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla un servicio que incluye la destrucción, carga, transporte y gestión de los residuos de estas embarcaciones.
El contrato tendrá una duración inicial de un año, con comienzo previsto para el 1 de diciembre de 2026, aunque la fecha dependerá de cuándo se formalice la adjudicación.
¿Qué ocurre con los cayucos?
Cuando una embarcación utilizada en una travesía migratoria llega a Canarias, no desaparece del puerto después del desembarco de sus ocupantes. Su destino depende de las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan, pero aquellas que deban retirarse y destruirse requieren un procedimiento específico.
Los cayucos pueden quedar depositados en instalaciones portuarias o espacios habilitados hasta que se determine su destino. Una vez autorizada su retirada, es necesario trasladarlos, desmontarlos y gestionar los residuos resultantes.
Estas operaciones adquieren especial importancia por las dimensiones de algunas embarcaciones y por los materiales que contienen, cuya eliminación debe realizarse conforme a la normativa ambiental.
Precisamente, el nuevo contrato busca garantizar que estas tareas se lleven a cabo mediante una empresa especializada, con los medios necesarios para transportar y tratar los materiales.
Un contrato millonario
La licitación alcanza un valor estimado de 4,1 millones de euros, aunque esa cifra no significa que el Estado vaya a desembolsar íntegramente esa cantidad durante el primer año.
El valor estimado recoge el alcance económico previsto del contrato, incluidas las opciones contempladas en el expediente.
La prestación inicial está prevista para un periodo de doce meses, que comenzará el 1 de diciembre o, si la adjudicación y formalización se retrasan, al día siguiente de la firma.
El contrato también establece que el servicio finalizará cuando se agote el presupuesto máximo aprobado.
Evitar la contaminación
Uno de los aspectos centrales de la licitación es la protección del medioambiente. La empresa adjudicataria tendrá que garantizar la correcta gestión de todos los residuos generados, siguiendo las exigencias de la legislación vigente.
Además, deberá presentar certificados de gestores autorizados que acrediten el destino y tratamiento de los materiales.
El contrato exige adoptar medidas para prevenir vertidos y evitar la contaminación de las aguas y del dominio público marítimo-terrestre durante las operaciones de retirada, izado y transporte de las embarcaciones.
El objetivo es que la eliminación de los cayucos no genere nuevos problemas ambientales en los espacios donde se encuentran almacenados o desde los que son trasladados.
Hasta el 13 de noviembre
Las empresas interesadas en asumir este servicio tienen de plazo hasta el 13 de noviembre de 2026 para presentar sus ofertas.
La apertura de las propuestas económicas está prevista para el 16 de noviembre en la sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.
El precio será el principal criterio de adjudicación, con un peso del 70%. El resto de la puntuación se repartirá entre las mejoras medioambientales, que representarán un 15%, y la reducción del tiempo de respuesta, con otro 15%.
Por el momento, el procedimiento sigue abierto y todavía no se ha seleccionado a la empresa encargada de ejecutar las operaciones.
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