Las organizaciones sociales Derecho al Techo y Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) han recurrido ante los tribunales el decreto del Gobierno de Canarias que regula el acceso a la vivienda protegida al considerar que contiene medidas "ilegales, discriminatorias y racistas". Los colectivos han presentado este martes un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y sostienen que la norma vulnera principios constitucionales y europeos.

Según han explicado los promotores de la iniciativa, el recurso busca la anulación del Decreto 23/26 de Acceso a la Vivienda Protegida, al entender que introduce requisitos temporales y económicos que impedirían acceder a una vivienda social precisamente a personas y familias con mayores dificultades habitacionales.

Colectivos más afectados

La portavoz de Derecho al Techo, Sofía Olivares, ha señalado que entre los colectivos más afectados por estas condiciones se encontrarían familias con escasos recursos y población inmigrante. En este sentido, critica que el decreto exija determinados niveles de ingresos y acreditar un arraigo en Canarias mediante una residencia superior a diez años en las islas.

A juicio de las organizaciones denunciantes, estas condiciones convierten una herramienta destinada a atender a personas vulnerables en un mecanismo de exclusión. "En lugar de ser una herramienta de auxilio a los más necesitados, se convierte en un instrumento de discriminación", sostienen.

Perfiles

Los colectivos también cuestionan que la normativa deje fuera del acceso a vivienda protegida a personas con contratos de alquiler próximos a expirar o a ciudadanos afectados por procesos de desalojo o desahucio. Consideran que estos perfiles forman parte, precisamente, de los grupos que más necesitan apoyo público para acceder a un hogar.

El abogado Miguel Ruiz, encargado de elaborar y presentar el recurso, ha asegurado que el decreto "trata de excluir a gran parte de la población que necesita una vivienda en Canarias". Además, ha defendido la necesidad de combatir judicialmente este tipo de medidas por considerar que sustituyen el principio constitucional de igualdad por criterios que, a su juicio, favorecen una "preferencia étnico-racial".

Estrategia

Los promotores del recurso sostienen además que la aprobación de esta regulación respondería a una estrategia para reducir artificialmente las cifras oficiales de necesidad de vivienda en el archipiélago. Según argumentan, al limitar quién puede registrarse como demandante de vivienda protegida, se estaría dejando fuera a un amplio número de personas con problemas reales de acceso a una vivienda.

Ruiz ha defendido asimismo que existen precedentes judiciales en Europa que han rechazado normas basadas en requisitos de arraigo o residencia territorial. Por ello, ha mostrado su confianza en que la Justicia estime el recurso presentado y concluya que este tipo de medidas son contrarias a derecho.