El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió este miércoles en el Parlamento agilizar las repatriaciones de quienes llegan en cayuco a las islas, pero devolverlos a su país no depende solo de España: hace falta que el país de origen acepte recibirlos, y en Senegal, Gambia o Malí casi nadie tiene interés en hacerlo.
Así lo explica a Atlántico Hoy el profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Lucas Andrés Pérez Martín, especialista en migraciones. “Lo primero que tienes que hacer para devolver a un migrante a un país es llegar a un acuerdo con ese país que lo acoja”, resume.
La petición llega en pleno repunte de llegadas, con El Hierro como principal puerta de entrada y la emergencia migratoria declarada por el Gobierno central. Clavijo aseguró además que Interior ve necesario desplegar agentes de Frontex en Senegal y Gambia, y este miércoles el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, le ofreció más recursos de la Unión Europea, aunque dejó claro que es el Gobierno de España quien debe solicitarlos.
Según Pérez Martín, quien plantea las devoluciones como solución olvida que los países de origen tienen sus propias razones para resistirse a ellas, relacionadas con quién emigra, con lo que cuesta el viaje, con el dinero que envían quienes logran quedarse en Europa y con el cálculo político de unos gobiernos que no ganan nada recibiendo de vuelta a sus ciudadanos.
Sin acuerdo no hay vuelta
“Si no tienes una política migratoria con esos países de la que surjan acuerdos, no vas a poder devolver a nadie”, explica el profesor. “Si hay situaciones de tensión, no vas a poder devolver a nadie”. Lo mismo ocurre, añade, cuando el país de origen atraviesa un momento político delicado, como unas elecciones.
En el caso de Canarias, la herramienta principal es un acuerdo con Mauritania firmado en Madrid el 1 de julio de 2003, por el que ese país acepta que se le entregue a cualquier inmigrante que haya salido de sus costas o transitado por su territorio, sea cual sea su nacionalidad.
El Defensor del Pueblo supervisó uno de esos vuelos, que salió del aeropuerto de Tenerife Norte con destino a Nuadibú, en Mauritania. A bordo iban personas de Senegal, Guinea-Bisáu, Guinea y Gambia, y la institución advirtió de que en ningún documento constaba que la embarcación hubiera salido de Mauritania.
Con Senegal, hoy principal país de origen de los cayucos, los vuelos de devolución desde las islas han sido excepcionales: en 2018, según los informes del Defensor del Pueblo, España fletó junto a Frontex al menos cuatro a Dakar desde Tenerife y Gran Canaria, con 150 personas expulsadas.
Quién se va y cuánto cuesta
Para entender por qué un gobierno africano se resiste a aceptar devoluciones, Pérez propone ponerse en el lugar de una familia. Quien emigra no es el miembro más débil, sino “el más fuerte”, el que “tiene más opciones de triunfar”.
El viaje, además, exige un enorme esfuerzo económico: entre 1.000 y 6.000 euros para las mafias, según sus cálculos, lo que en muchos casos equivale al “sueldo de una familia de un año”. Esta familia asume que el hijo puede morir en el mar, un riesgo que la Organización Internacional para las Migraciones cifra en al menos 454 muertos o desaparecidos en la ruta atlántica en lo que va de año hasta el 26 de octubre.
Cien euros que sostienen una casa
Si llega y consigue trabajo, aunque sea sin papeles, ese sacrificio empieza a compensar. “En mitad de Mauritania, en un pueblito pequeño, tú mandas 100 euros y viven de eso”, explica el profesor.
Ese dinero pesa mucho más allá de cada casa. Según el Banco Mundial, las remesas supusieron en 2024 el 11,6 % del PIB de Senegal y el 22 % del de Gambia, uno de los países del continente que más dependen de este dinero.
Por eso, devolver a alguien significa para su familia perderlo todo a la vez: lo invertido en el viaje, el futuro del hijo y el ingreso que podía mandar desde Europa. “Si tú coges 400 senegaleses y se los devuelves a Senegal”, plantea Pérez Martín, ese país no tiene “ninguna voluntad interna” de recibirlos.
Posibles soluciones
A ese peso económico se suma el político. “Si yo soy el presidente de Senegal y admito 400 y hay unas elecciones, lo normal es que esas 400 familias voten a otro”, ejemplifica el profesor. Esos gobiernos, reconoce, sí tienen interés en mantener buenas relaciones con la UE o en recibir ayuda al desarrollo, y eso se negocia, pero el punto de partida es la resistencia a aceptar retornos.
La colaboración que sí ofrecen se centra en frenar las salidas. El embajador de Senegal se comprometió el martes con Clavijo a vigilar más sus costas, y la Marina senegalesa asegura haber interceptado a más de 1.500 personas en la última semana. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció además en Dakar 500.000 euros para material de vigilancia de esa Marina.
Para Pérez Martín, el resultado de todo ello es visible en España. “No es tan sencillo devolverlo”, concluye. “Por eso había una buena bolsa de irregularidad en España”. A su juicio, la salida pasa por “trabajar en cooperación a largo plazo con los países africanos” más que por reforzar la vigilancia, porque ninguna medida de control acabará por sí sola con la ruta.
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