El Ministerio de Sanidad quiere incorporar el aborto farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria, de manera que las mujeres puedan acceder a este método desde los centros de salud cuando resulte adecuado para su situación.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará los cambios normativos necesarios para extender esta prestación y permitir que el proceso pueda desarrollarse con información, seguimiento y acompañamiento desde Atención Primaria.
La propuesta todavía no está en vigor. Para hacerla posible, Sanidad deberá modificar distintas normas, entre ellas las relativas a la autorización de centros sanitarios, y actualizar expresamente la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Qué quiere cambiar Sanidad
Uno de los principales obstáculos actuales es la regulación de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados para realizar una interrupción voluntaria del embarazo por vía farmacológica.
Sanidad prevé iniciar los trámites para modificar su ficha técnica y permitir que pueda utilizarse fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.
También quiere adaptar el real decreto que establece los requisitos de autorización de los centros sanitarios para que este tipo de prestación pueda desarrollarse en Atención Primaria.
El Ministerio plantea que las pacientes puedan recurrir a su centro de salud y contar allí con profesionales que las informen y realicen el correspondiente seguimiento antes, durante y después del proceso.
Qué ocurre ahora en Canarias
El cambio tendría especial relevancia en Canarias.
La información actualizada del Servicio Canario de la Salud (SCS) establece que las mujeres pueden elegir entre el método quirúrgico y el farmacológico.
En el caso del aborto farmacológico, el protocolo canario lo contempla hasta la semana 9 de gestación y actualmente se practica en hospitales públicos y en centros privados acreditados y concertados.
Los centros de salud canarios sí participan actualmente en el proceso de información y tramitación. Una mujer que manifieste su intención de interrumpir el embarazo puede acudir a centros sanitarios públicos, incluidos consultorios locales y centros de salud, donde debe recibir información sobre los métodos disponibles, los centros en los que puede realizarse y los trámites necesarios.
La propuesta anunciada ahora por el Ministerio iría más allá al incorporar expresamente el método farmacológico como prestación de Atención Primaria.
El 71% en centros privados
Los últimos datos oficiales disponibles muestran además el peso que todavía mantienen los centros privados en Canarias.
Durante 2024, únicamente el 28,61% de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en las Islas tuvieron lugar en centros públicos, frente al 71,39% que se llevaron a cabo en centros privados.
Canarias se situaba así entre las comunidades donde entre el 20% y el 60% de estas intervenciones se realizaban en la sanidad pública, junto a Cataluña y Baleares.
En el conjunto de España, el peso de la red privada era todavía mayor. De las 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo registradas durante 2024, el 78,74% se realizaron en centros privados y el 21,25% en centros públicos.
Más de 106.000 en España
En 2024 se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España, un 2,98% más que durante el año anterior.
El 94,62% se realizaron a petición de la mujer y más de tres de cada cuatro, el 76,58%, tuvieron lugar antes de la octava semana de gestación, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad.
Aunque el 72,73% de las mujeres recibió inicialmente información en centros sanitarios públicos, finalmente casi ocho de cada diez procedimientos se llevaron a cabo en establecimientos privados.
Falta la tramitación
La incorporación a Atención Primaria anunciada este lunes no será automática.
El Ministerio deberá modificar la normativa y trabajar posteriormente con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios para desarrollar el nuevo modelo.
La intención expresada por Sanidad es que el acceso pueda producirse más cerca del lugar de residencia de las pacientes y reducir desplazamientos cuando el método farmacológico resulte indicado.
El planteamiento afectaría únicamente al aborto mediante medicamentos. Las interrupciones que requieren técnicas instrumentales o quirúrgicas continuarán necesitando centros con los medios y acreditaciones correspondientes.
Por ahora, por tanto, las mujeres que quieran acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en Canarias deben seguir utilizando el circuito actualmente establecido por el Servicio Canario de la Salud mientras se tramitan los cambios anunciados por el Ministerio.
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