La organización Save the Children ha advertido de los graves errores sistémicos que comete España al identificar la edad de los jóvenes migrantes que llegan solos a sus costas, especialmente en territorios como Canarias. Su informe Cruzando Fronteras, publicado con motivo del Día Mundial del Refugiado, denuncia prácticas como valoraciones visuales apresuradas por parte de la Policía, asignación arbitraria de fechas de nacimiento y el uso de pruebas médicas poco fiables.

Estas decisiones son cruciales: si se reconoce su minoría de edad, los jóvenes acceden a tutela, alojamiento, educación y protección legal. Si no, quedan en una situación de desamparo, considerados adultos sin papeles y expuestos a explotación, violencia y exclusión.

Valoraciones sin profesionales

La ONG alerta de que las valoraciones iniciales se realizan en menos de 24 horas y se basan en inspecciones visuales superficiales en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), sin participación de profesionales de protección de menores. Estos primeros exámenes determinan qué casos se consideran “dudosos” y deben pasar a pruebas médicas, lo que deja fuera testimonios del propio menor o de mediadores culturales y psicólogos.

Save the Children también denuncia el rechazo sistemático de documentación oficial, como pasaportes de ciertos países africanos, por parte de las autoridades, lo que agrava aún más la situación. Además, se han detectado sesgos raciales inconscientes, como el caso de un niño eritreo de 13 años que fue clasificado como adulto por su estatura.

Radiografías y errores sistemáticos

En islas como Tenerife, el uso de pruebas médicas como radiografías o estudios óseos es recurrente a pesar de su bajo nivel de fiabilidad. Estos métodos han sido cuestionados por la comunidad científica debido a su margen de error y posibles sesgos raciales, pero siguen empleándose como base para decisiones que afectan de forma directa la vida de los menores.

El informe advierte que, en muchas ocasiones, la fecha de nacimiento se fija de forma automática en el 1 de enero, ya que los menores, en pleno estado de shock tras el desembarco, solo pueden recordar su año de nacimiento. Esto recorta su tiempo de protección y afecta especialmente a quienes nacieron a finales de año.

Tutela desigual y sin apoyo psicológico

Durante el tiempo en que se cuestiona su edad, estos menores quedan sin tutela legal efectiva, lo que los deja aún más vulnerables. Impugnar una decisión de mayoría de edad es extremadamente difícil, ya que las autoridades cuentan con amplia discrecionalidad en este tipo de procesos.

Un trabajador social en Canarias recogió la paradoja con la que conviven muchos de estos jóvenes: “Cuando les preguntas qué edad tienen, te dicen: ¿En mi país o en España?”, reflejando la inseguridad jurídica y el caos institucional que padecen.

Retención de menores en puertos canarios

La situación se agrava en puntos de llegada como El Hierro, donde menores han sido retenidos junto a adultos en tiendas de campaña, en condiciones precarias, bajo vigilancia policial y con libertad de movimiento restringida. Según Save the Children, esto constituye una detención de facto, incompatible con los estándares internacionales de protección de la infancia.

El informe también critica que la tutela recaiga de forma indirecta en los directores de los centros de protección, lo que provoca ratios desproporcionadas de atención. Esta ausencia de tutores legales individualizados complica los procesos de asilo y pruebas de edad, y limita el apoyo emocional y jurídico que deberían recibir.

Salud mental desatendida

Otro de los grandes vacíos que denuncia la organización es la falta de evaluación psicológica en el primer contacto con los menores. Aunque Cruz Roja realiza una criba sanitaria, esta se enfoca únicamente en detectar enfermedades físicas urgentes y no identifica señales de salud mental como el estrés postraumático o la trata de personas.

A pesar de los altos niveles de trauma, no hay psicólogos en los CATE y las barreras lingüísticas, sumadas a la escasez de personal, dificultan aún más la atención. Save the Children exige reformas estructurales urgentes para garantizar que estos jóvenes sean tratados como lo que son: menores con derechos, no adultos por defecto.