Las llegadas de embarcaciones con miles de migrantes en los últimos días ha desbordado la capacidad operativa de la Policía Nacional en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Así lo denuncian los sindicatos JUPOL, SUP y UFP, que alertan de la sobrecarga de trabajo que soportan las unidades de Extranjería y Fronteras, Policía Científica y Seguridad Ciudadana, especialmente por la presión migratoria que registra la isla de El Hierro.
Sin refuerzos extraordinarios
Las tres organizaciones sindicales advierten de que los agentes están afrontando esta situación sin los refuerzos extraordinarios procedentes de otras plantillas del territorio nacional que, a su juicio, requiere una emergencia de estas dimensiones.
"No podemos seguir afrontando una emergencia de dimensión nacional con los recursos ordinarios de una sola provincia, desvistiendo unas unidades para cubrir otras", sostienen.
6.194 llegadas
La situación coincide con un repunte de las llegadas de migrantes a las costas canarias durante las últimas semanas. Según los datos del Ministerio del Interior, 6.194 personas llegaron al archipiélago durante octubre, a bordo de 65 embarcaciones. La cifra supera las 3.708 personas rescatadas durante todo el primer semestre de 2026 y convierte al pasado mes en el octubre con más llegadas desde 2023.
El incremento también se ha hecho especialmente visible en El Hierro. La isla recibió 702 migrantes en apenas 24 horas, entre el martes y el miércoles, a bordo de ocho embarcaciones que llegaron al puerto de La Restinga. Con este último episodio, el número de personas que han alcanzado la isla en lo que va de año supera las 7.300, una cifra equivalente a alrededor del 60% de su población residente.
En el conjunto de Canarias, Interior contabiliza 13.327 llegadas irregulares entre el 1 de enero y el 31 de octubre, un 5,5% menos que en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el fuerte repunte de octubre ha cambiado la tendencia que había marcado buena parte del ejercicio.
Agentes al límite
Los sindicatos aseguran que la respuesta policial está recayendo fundamentalmente sobre los propios funcionarios de la provincia, que se ven obligados a abandonar temporalmente sus servicios habituales y realizar desplazamientos extraordinarios, en ocasiones con escaso margen de preaviso. Mientras tanto, las investigaciones, los procedimientos administrativos y el resto de las obligaciones policiales deben seguir desarrollándose.
Esta situación, advierten, está provocando agotamiento, estrés, ansiedad y dificultades para la conciliación familiar. Las consecuencias afectan especialmente a los agentes que deben desplazarse hasta El Hierro mediante comisiones de servicio, con las complicaciones añadidas que supone la insularidad.
Falta de planificación
A esta sobrecarga se suman problemas organizativos que JUPOL, SUP y UFP aseguran llevar meses denunciando mediante escritos oficiales. Entre ellos señalan la falta de órdenes de servicio individualizadas y suficientemente detalladas antes de los desplazamientos, la ausencia de una planificación adecuada de horarios y descansos y la asignación de jornadas que, según la documentación correspondiente a octubre, llegaron a alcanzar las 17 horas.
Los sindicatos apuntan que algunos funcionarios acumularon 97 horas de servicio en 11 días consecutivos. "Llevamos meses advirtiendo de estas deficiencias. No podemos seguir exigiendo sacrificios extraordinarios a los funcionarios mientras se mantienen problemas organizativos que deberían haberse resuelto hace tiempo", denuncian.
La disponibilidad de efectivos en Canarias también se ve condicionada, según las organizaciones, por el despliegue de parte de las Unidades de Intervención Policial destinadas en el archipiélago en Ceuta y Madrid. Una circunstancia que reduce todavía más los recursos disponibles en las islas.
"Parches"
JUPOL, SUP y UFP sostienen que la situación actual es consecuencia de años de respuestas provisionales ante la presión migratoria. Desde 2021, aseguran, vienen advirtiendo de las consecuencias de recurrir a desplazamientos continuos y reorganizaciones internas sin impulsar una solución estructural.
"Cinco años después, seguimos poniendo parches a un problema que hace tiempo dejó de ser coyuntural", lamentan. Las organizaciones reconocen, no obstante, el trabajo del actual comisario provincial para reorganizar los servicios, atender las reivindicaciones sindicales y reducir el impacto de esta situación sobre las condiciones laborales de los agentes.
Sin embargo, consideran que la capacidad de gestión provincial no puede sustituir los recursos humanos que corresponde proporcionar a la Dirección General de la Policía ni la implicación de la Delegación del Gobierno en Canarias.
Migrantes en un garaje policial
La falta de recursos no es la única denuncia de las organizaciones sindicales. JUPOL, SUP y UFP aseguran que han podido confirmar que el garaje de la Comisaría Local del Sur de Tenerife está siendo utilizado para albergar temporalmente a personas migrantes, pese a que estas instalaciones no están concebidas para ese cometido.
Los sindicatos comparan esta situación con lo ocurrido en 2020 en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde miles de personas permanecieron en condiciones de hacinamiento durante la crisis migratoria.
"El garaje de la vergüenza"
"Seis años después de Arguineguín, asistimos nuevamente a la improvisación de espacios para albergar a personas migrantes. Lo que entonces fue conocido como el muelle de la vergüenza corre el riesgo de repetirse hoy en el Sur de Tenerife, convertido en el garaje de la vergüenza", advierten.
Por ello, reclaman al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Canarias una solución inmediata que garantice unas condiciones dignas y seguras para las personas migrantes, así como unas instalaciones y condiciones de trabajo adecuadas para los funcionarios policiales.
Más previsión
Entre sus principales demandas figuran el envío urgente de refuerzos desde otras plantillas del territorio nacional, la implantación de un dispositivo policial estable en El Hierro y una planificación que permita mantener los servicios ordinarios sin deteriorar las condiciones laborales de los agentes.
También exigen que los desplazamientos estén respaldados por órdenes de servicio debidamente formalizadas, que los horarios se comuniquen con antelación y que se respeten los descansos y los derechos laborales. "No faltan policías comprometidos. Faltan refuerzos, planificación y decisiones", concluyen.
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