Un grupo de opositores al Cuerpo de Inspectores de Educación de Canarias ha recurrido el proceso selectivo de este año al considerar que estuvo marcado por la falta de transparencia y distintas irregularidades. Entre ellas, cuestionan el contenido de algunas preguntas, la forma de justificar las notas, los cambios en el tribunal y las dificultades para acceder a la documentación con la que fueron evaluados.
Los afectados insisten en que no se trata solo de haber perdido una plaza. Algunos trabajan o han trabajado como inspectores accidentales y aseguran que llevan años viendo problemas de transparencia. Es por ello que reclaman “que el sistema sea limpio y transparente, como tiene que ser la Administración pública".
Preguntas "fuera de lugar"
El proceso tenía además una particularidad. En febrero entró en vigor el Real Decreto 68/2026, que modificó el acceso al Cuerpo de Inspectores. Los opositores explican que "Canarias fue la primera comunidad en poner en marcha un proceso bajo el nuevo modelo y lo ha incumplido".
Aseguran que el segundo examen no respetó la división del temario establecida por la nueva regulación. Esta prueba, celebrada el 16 de julio, consistía en 20 preguntas breves sobre la parte A del temario, centrada en contenidos generales y normativa estatal. La regulación específica de Canarias quedaba para la parte B, vinculada al tercer ejercicio.
Sin embargo, los recurrentes sostienen que al menos cinco preguntas exigían conocimientos específicamente canarios como PROMECO, los criterios para conceder matrículas de honor, la detección de discapacidad intelectual, los impedimentos a las visitas de Inspección y la tramitación de sus informes.
En el caso de PROMECO, además, alegan que la respuesta se encontraba en instrucciones autonómicas que no estaban publicadas en un boletín oficial.
Repetir el examen
El examen supone el 30% de la fase de oposición, por lo que entienden que esas cuestiones pudieron influir tanto en las notas como en quién continuaba en el proceso.
Es por ello que piden conocer el cuestionario completo y las pautas de corrección y, si se confirma su denuncia, reclaman recalcular las notas o incluso repetir el ejercicio si no fuera posible corregirlo con garantías.
De 139 aspirantes a 11
Y es que los modos de evaluación provocaron una fuerte criba entre los opositores. De acuerdo con la documentación aportada por los afectados, 139 personas fueron admitidas, 24 superaron el primer examen, 14 el segundo y finalmente solo once aprobaron el tercero.
Esos once aprobados coinciden con las once plazas disponibles por concurso-oposición. Los propios recurrentes reconocen que esto no demuestra por sí solo ninguna irregularidad, pero cuestionan que, al quedar tantos aprobados como plazas, los méritos ya no decidieran quién obtenía un puesto, sino solo el orden final de los seleccionados.
Bajas notas
Ante este panorama, gran parte de la denuncia de los aspirantes gira alrededor de cómo se decidió cada nota. Es el ejemplo de una de las opositoras que llegó al tercer ejercicio, en el que obtuvo un 3,2510, por debajo del cinco necesario.
La aspirante pidió conocer las puntuaciones individuales de los miembros del tribunal, las hojas de evaluación, las rúbricas y los documentos utilizados para valorar su prueba. Según recoge su recurso, la nota se mantuvo pero no recibió toda esa documentación ni una respuesta detallada a sus alegaciones.
Trato inadecuado
Otros candidatos eliminados en el primer ejercicio cuentan una experiencia similar. Hablan de calificaciones muy bajas y aseguran que, al acudir a reclamar, no consiguieron una explicación clara de por qué habían recibido esas puntuaciones. Algunos afirman además que el trato durante esas revisiones fue inadecuado.
“Cuando tú has estudiado, es una impotencia tremenda. Es sentir que no puedes hacer nada”, relata una de las afectadas. “No solo hemos perdido años y tiempo de estudio, sino también dinero e ilusiones”, señalan.
No es un episodia aislado
Para este grupo de afectados, lo ocurrido este verano no es un episodio aislado. Ya han vivido la falta de transparencia en otras convocatorias anteriores, una situación quese repite en el funcionamiento de las listas para cubrir puestos temporales.
Según explican, a diferencia de lo que ocurre en otros cuerpos docentes, resulta difícil saber en qué posición se encuentra cada persona, quién ha sido llamado o cómo avanza la lista. Incluso aseguran que en ocasiones conocen meses después determinados nombramientos.
Todo ello está rodeado de un cierto miedo a reclamar porque quienes forman parte de los tribunales pueden terminar siendo después sus compañeros o volver a examinarlos en futuras convocatorias. Uno de ellos asegura que dentro del sector “esto siempre se ha sabido” y que muchas personas optan por no protestar precisamente por esa cercanía profesional.
Prisas y dudas sobre el tribunal
En esta ocasión, además, la convocatoria se tramitó de urgencia por parte de la Consejería de Educación para terminar el proceso antes del comienzo del curso. Los opositores consideran que la necesidad de inspectores era previsible y que existía una lista para cubrir puestos temporalmente, por lo que creen que las prisas acabaron reduciendo sus posibilidades de reaccionar y reclamar.
También denuncian cambios en la composición del tribunal. Sostienen que participaron miembros inicialmente nombrados como suplentes sin que pudieran conocer con claridad por qué sustituían a los titulares o qué criterio se utilizó para elegirlos. A ello añaden otras situaciones que consideran irregulares durante las pruebas y que han incorporado a sus recursos.
Recursos todavía pendientes
A pesar de que algunos afectados fueron eliminado en el primer examen, otros en el segundo y otros alcanzaron el oral, en sus recursos comparten la petición de conocer cómo se tomaron las decisiones que marcaron quién seguía y quién quedaba fuera.
Los opositores han llegado a pedir que el proceso quedara paralizado mientras se resolvían sus recursos. La Dirección General de Personal rechazó esa suspensión cautelar porque entendió que podía perjudicar a los seleccionados y a la organización del servicio educativo. La decisión, sin embargo, no entra en el fondo de las irregularidades que denuncian en sus recursos de alzada.
Ahora esperan una respuesta sobre esas reclamaciones. Insisten en que su objetivo no pasa solo por sus propias plazas, sino por conseguir que el sistema sea más transparente en futuras convocatorias. Al fin y al cabo, recuerdan, estas oposiciones sirven para seleccionar a quienes después tendrán que supervisar que los centros y la propia Administración educativa cumplen las normas.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.