Las dos universidades públicas del Archipiélago han elevado formalmente sus alegaciones al Ejecutivo regional tras calcular una pérdida continuada de recursos que amenaza la viabilidad de sus servicios esenciales. Los equipos rectorales advierten de que la oferta económica presentada el pasado 28 de julio de 2026 resulta insuficiente para afrontar el coste de personal, suministros y mantenimiento de las infraestructuras académicas.
Desde agosto de 2025, los equipos de gerencia han detallado una pérdida acumulada de 25 millones de euros en el período 2022-2026 para cubrir sus gastos de funcionamiento básico. Para el ejercicio 2027, las instituciones estiman que necesitan 290,4 millones de euros, frente a los 286,9 millones consignados por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, lo que genera un descuadre inicial de 3,5 millones de euros.
Impacto en la matrícula
A este descuadre inicial se suman 11 millones de euros derivados del incremento retributivo fijado por la normativa estatal, elevando las necesidades totales para 2027 a 307.780.422 euros. Ante esta situación, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y el rector de la ULL, Francisco García, recordaron a la consejera Migdalia Machín que reducir la dependencia financiera autonómica requeriría subir los precios públicos de las enseñanzas, una competencia exclusiva del Gobierno de Canarias.
Las instituciones académicas lamentaron asimismo la inclusión de penalizaciones de hasta el 3,5% en la financiación básica y el exceso de auditorías e informes exigidos por el Ejecutivo. Los dirigentes universitarios sostienen que ambas entidades cumplen de forma periódica con el mandato de equilibrio presupuestario exigido por la ley autonómica.
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