El Tribunal Supremo ha ratificado el archivo de la denuncia contra una juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona, acusada de autorizar la detención de una madre sin orden judicial y de permitir a su expareja utilizar su vehículo.

El recurso sostenía que la magistrada se había excedido en sus funciones y que sus actuaciones constituían “una acción material al margen del procedimiento judicial y sin cobertura legal alguna”.

Sin embargo, el alto tribunal concluye que en ningún momento se comunicó a la denunciante que estuviera “detenida, retenida o custodiada”, y que el hecho de que permaneciera acompañada por agentes respondía “única y exclusivamente” a la petición de otra magistrada.

Situación procesal

El Supremo recuerda que en ese momento la mujer estaba en situación de busca y captura, acusada de sustracción de menores, tras permanecer prófuga de la justicia entre el 21 de junio de 2024 y el 25 de julio, cuando recibió un burofax y se produjeron los hechos.

En junio se le había requerido la entrega de la menor en su domicilio, lo que no cumplió, y posteriormente, al presentarse en dependencias policiales junto a familiares, se decidió que fuera acompañada por agentes ante un eventual riesgo de fuga.

Actuación judicial

De este modo, accedió a la sala de vistas sin que la juez denunciada ordenara su custodia, y sin que conste autorización verbal o escrita para que su expareja utilizara el vehículo, que era de su propiedad aunque lo usara habitualmente la mujer.

Respecto al coche, el tribunal señala que el padre solicitó su registro ante la posibilidad de hallar indicios sobre el paradero de la menor, pero se le advirtió de que no podía acercarse debido a la existencia de una orden de protección.

Decisiones previas

Asimismo, se rechazó autorizarle el uso del vehículo, indicando que solo podía ser retirado por la grúa municipal o por sus propietarios.

La denuncia fue presentada inicialmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que la inadmitió, y posteriormente ante el Consejo General del Poder Judicial, que también rechazó abrir expediente disciplinario.

Resolución final

De forma subsidiaria, la defensa solicitó trasladar la causa a la Fiscalía por una posible vulneración de derechos fundamentales y abuso de funciones públicas, petición que tampoco prosperó.

Finalmente, el Supremo desestimó el recurso y condenó a la recurrente al pago de las costas judiciales, fijadas en un máximo de 2.000 euros.