La Sala de lo militar Tribunal Supremo (TS) ha decidido el sobreseimiento definitivo de la denuncia de una soldado del Ejército de Tierra destinada en Tenerife que aseguró que en febrero de 2024 había sido violada tras ser drogada y que con el fin de humillarla en su cara apareció el dibujo de un miembro sexual masculino.
La ratificación de la decisión del Juzgado militar tinerfeño se basa en que no se detectaron restos de droga, alcohol, ni restos biológicos ni se demostró que hubiese sido forzada por lo que no se corroboró la versión de la soldado ni probó la culpabilidad de los tres encausados.
Material genético
El fallo incluye el voto en contra de una magistrada del Supremo que pidió que se tuviera en cuenta la aparición de material genético de dos varones en el cuerpo de la mujer, que ésta despertó con síntomas de haber sido agredida y con la cara pintada.
Este cúmulo de circunstancias, bajo el punto de vista de la magistrada discrepante, sólo puede ser explicado por la intervención “claramente delictiva” de los tres acusados.
Reproches
La juez se lamenta que tras la denuncia inicial ante el Juzgado de Zaragoza, a continuación el Togado Militar Territorial 51 (Jutoter) de Tenerife , procediera al sobreseimiento “sin desplegar una mínima actividad instructora que profundizara en conocer lo ocurrido, sino más bien lo contrario”.
La magistrada reprocha al Tribunal tinerfeño que ni siquiera se ocupó de dictar la prórroga de la instrucción y considera “absolutamente irrazonable” archivar la causa apelando a que no existían indicios racionales de estar ante un delito.
Relato de los hechos
El relato de los hechos recoge que en febrero de 2024, la soldado participaba en una maniobra desarrollada por más de 600 efectivos del mando de Canarias en el Centro Nacional de Adiestramiento (CENAD) San Gregorio en Zaragoza.
La mañana del día 15 la militar acudió al botiquín alegando que le habían pintado la cara, que estaba aturdida y que no recordaba nada de lo ocurrido aquella noche por lo que sospechaba haber sido drogada y víctima de agresión.
En enero del año siguiente se decidió imputar a tres soldados a los que se les tomó declaración en abril para sobreseer la causa en mayo al considerar el Juzgado tinerfeño que no se había acreditado la comisión de un delito y se incumplieron los plazos procesales.
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