Las titulares de los Juzgados de Menores de Las Palmas de Gran Canaria han elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una petición para que haya presencia permanente de agentes de la Policía Canaria especializados en menores en las dependencias judiciales.

En un escrito presentado ante el decano en funciones de los jueces del partido judicial de la capital grancanaria, Juan Avello —posteriormente elegido presidente del TSJC— y trasladado al alto tribunal para su valoración, las dos magistradas reclaman que, para garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, es necesaria la presencia de estos agentes especializados.

Reclaman agentes especializados

Ello, han explicado en el documento al que ha tenido acceso EFE, no responde a una "mera opción organizativa", sino que constituye una "exigencia funcional imperativa" para dar cumplimiento a las garantías procesales y de protección que establece la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.

Las juezas Reyes Martel, titular de la plaza 1 de la sección de Menores del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, y Mercedes Martínez, titular de la plaza 2, han advertido de que, debido a las particularidades del ordenamiento jurídico en materia de justicia juvenil, es imprescindible que las instituciones implicadas cuenten con personal con formación especializada.

Formación específica en justicia juvenil

Según recuerda la normativa, no solo jueces y fiscales deben estar especializados en esta materia, sino también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan como Policía Judicial, que deberían disponer de unidades adscritas con formación específica en psicología evolutiva y derechos de la infancia.

Martel y Martínez también han explicado que las medidas cautelares o definitivas que adoptan en el ejercicio de sus funciones suelen desencadenar situaciones críticas de alteración conductual en los menores, por lo que consideran necesario disponer de un auxilio judicial inmediato mediante agentes especializados de la Policía Canaria en las sedes judiciales.

Garantizar la seguridad y el interés del menor

A su juicio, esta medida permitiría velar tanto por el interés superior del menor como por el mantenimiento del orden en las dependencias judiciales.

En el escrito, las magistradas señalan que, ante mandamientos judiciales de detención, comparecencias por rebeldía o por quebrantamiento de medidas, la intervención policial resulta esencial. Lo mismo ocurre con la ejecución de medidas cautelares privativas de libertad, así como durante la celebración de comparecencias y juicios.

Cumplimiento de las resoluciones judiciales

Por todo ello, sostienen que el Grupo de Menores de la Policía Canaria garantiza el cumplimiento inmediato de estas resoluciones judiciales y la validez legal de las actuaciones dentro de los plazos exigidos por la legislación.

Ello, añade el escrito, contribuye a evitar "cualquier defecto de forma que pueda causar indefensión", además de garantizar el orden y la seguridad en momentos especialmente delicados en los que los menores y sus familiares pueden no gestionar adecuadamente las decisiones judiciales.

Situación actual

Las juezas recuerdan que actualmente existen agentes de la Policía Canaria encargados de la seguridad de los edificios judiciales, pero no efectivos específicos del Grupo de Menores con la formación especializada que requieren este tipo de actuaciones.