La gestión de la borrasca Therese en Canarias ha reabierto el conflicto laboral en el sistema de emergencias. Los comités de empresa y de huelga de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) denuncian una “precariedad extrema” en el funcionamiento del 112 tras un episodio que dejó más de 1.800 incidentes gestionados.
Según los representantes de los trabajadores, la respuesta al fenómeno meteorológico se sostuvo gracias al sobreesfuerzo de una plantilla “bajo mínimos”, en pleno contexto de huelga y con, aseguran, derechos laborales vulnerados.
Pese a ello, los comités destacan la profesionalidad del personal, subrayando que la seguridad de la ciudadanía se mantuvo gracias al compromiso de los trabajadores, incluso en condiciones adversas.
Plantilla al límite
El comunicado apunta a problemas estructurales que se arrastran desde hace más de una década. En concreto, señalan que la falta de personal derivada de los despidos de 2012 sigue teniendo consecuencias en situaciones de alta demanda como la vivida durante la borrasca.
Entre las incidencias denunciadas, los comités destacan la activación de personal vulnerando descansos, la incorporación de empleados de oficinas a salas operativas y jornadas de hasta 12 horas.
También aseguran que trabajadores no esenciales acudieron voluntariamente a sus puestos pese a tener autorización para ausentarse, ante la presión del servicio.
Críticas al sistema
Los representantes laborales cargan además contra la implantación del sistema “Dispatch”, impulsado desde la dirección del CECOES, al que atribuyen problemas de coordinación y riesgo para la operatividad.
Defienden, en cambio, el modelo actual basado en la coordinación directa en salas del 112, que consideran más eficaz para la gestión de emergencias.
El conflicto se enmarca en el desacuerdo con la gerencia del servicio y otros organismos implicados en la gestión de emergencias sanitarias.
Mensaje al Gobierno
El comunicado incluye críticas directas al Ejecutivo autonómico presidido por Fernando Clavijo, al que reprochan que destaque públicamente la coordinación del sistema mientras, según los trabajadores, el servicio funciona “al límite”.
Los comités reclaman el cumplimiento de los acuerdos firmados y un dimensionamiento adecuado de la plantilla para garantizar tanto la seguridad ciudadana como los derechos laborales.
Próximas acciones
Los representantes del personal advierten de que mantendrán la presión mediante la negociación y la vía judicial si no se producen avances.
El objetivo, señalan, es evitar que el sistema de emergencias continúe operando en condiciones que consideran insostenibles, y que el esfuerzo de los trabajadores siga siendo el principal sostén del servicio.
