Pese a que el sector público canario alcanzó en 2025 la mejor nota media de transparencia de la serie histórica, casi medio centenar de entidades públicas continúa sin cumplir los estándares exigidos por el Comisionado de Transparencia. En total, 31 organismos incumplieron su obligación de someterse a la evaluación de sus portales de transparencia y 18 más no lograron alcanzar la puntuación mínima para aprobar, lo que evidencia que aún persisten importantes carencias en parte de las administraciones y entidades públicas del Archipiélago.
La evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) correspondiente a 2025 analizó a las 414 entidades obligadas por la Ley de Transparencia. De ellas, únicamente 383 participaron en el proceso, lo que supone que un 7,5% incumplió directamente con la obligación de presentar su portal para ser evaluado. Entre las entidades que no comparecieron figuran ayuntamientos, empresas públicas, fundaciones y colegios profesionales, una circunstancia que el propio sistema considera un incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Como nombres propios de los que incumplen con la ley de transparencia están el Ayuntamiento de Güímar, el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, la Mancomunidad San Juan de la Rambla-La Guancha o el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife.
Las suspendidas
A las entidades incumplidoras se suman otras 18 que sí participaron en la evaluación, pero no alcanzaron la puntuación mínima de cinco puntos exigida para superar el examen. Entre los peores resultados figuran la Empresa Municipal de Recaudación de San Bartolomé de Tirajana (EMURSA), con apenas 1,51 puntos; el Consorcio Museo Néstor, con 2,16 o la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, con 2,23.
Mayoría que aprueba
Estos resultados contrastan con la evolución general del sistema de evaluación, que vuelve a mejorar sus registros. La nota media del conjunto del sector público se sitúa en 8,87, frente al 8,44 del ejercicio anterior; 365 de las 383 entidades evaluadas lograron aprobar y 148 obtuvieron la máxima calificación posible, un 10.
No obstante, el propio Comisionado ha advertido de que la mejora en la publicación de información no resuelve el principal déficit detectado en materia de transparencia. La institución recuerda que el gran reto sigue siendo garantizar el derecho de acceso a la información pública y lamenta que el silencio administrativo continúe siendo una práctica habitual en numerosas administraciones, que no responden en plazo a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.
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