El Tribunal Supremo (TS) ha declarado la incompetencia sobrevenida para investigar una querella presentada contra el exsenador por la Comunidad Autónoma, Santiago Pérez, dado que tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales perdido la condición de aforado. También verificó que Santiago Pérez no formaba parte de la Diputación Permanente de la Cámara Alta, lo que habría dado lugar a que siguiera ostentado esa condición.
La denuncia apuntaba a la posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y contratación encubierta al también exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de La Laguna. El 17 de mayo el exconcejal no adscrito en La Laguna, Alfredo Gómez Álvarez presentó en el registro del Tribunal Supremo un escrito de esta denuncia cuando Santiago Pérez ostentaba la condición de senador por la Comunidad Autónoma.
Otro órgano
El ministerio público también se mostró de acuerdo con la inadmisión de la querella por estos motivos, de manera que se declaró la falta de competencias y procedió al archivo de la causa especial, “sin perjuicio del derecho que le asiste al querellante de reproducir su petición en otro órgano”. El exconcejal no adscrito indicó este miércoles que está pensando la posibilidad de continuar o no con este proceso judicial en los juzgados ordinarios, pese a que no se dedica a la política y a que Santiago Pérez no se encuentra aforado.
Matizó que el Tribunal Supremo no ha entrado en el fondo de la denuncia sino que simplemente se ha limitado a señalar que no cabe investigar al exsenador y pedir la retirada de su aforamiento dado que ya no ostenta esta condición. “Mi experiencia como concejal ha sido bastante dura y desagradable y por eso me voy a tomar un tiempo para reflexionar y ver lo que hago”, señaló el exedil quien abandonó Ciudadanos porque no le permitieron formar parte de la comisión de investigación creada a iniciativa suya sobre este asunto.
Entregar documentación
Uno de los extremos de la querella interpuesta ante el TS es que ocho meses después de constituida nunca se llegó a entregar documentación alguna sobre las contrataciones menores cerradas en el período 2011-2022, pese a considerar el denunciante que existen indicios de irregularidades en los fraccionamientos.
En total se sospecha de una decena de contratos por un valor aproximado de 15.000 euros que Pérez entre otros excargos municipales habría dividido supuestamente para no someterse a los controles impuestos a las adjudicaciones de mayor entidad.