La tragedia humanitaria a bordo de las embarcaciones de migrantes en la ruta atlántica requiere un sistema más eficaz para identificar y enterrar con dignidad a los muertos que nadie reclama.
En la presentación de la última memoria judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha revelado las deficiencias de la norma franquista que establece los requisitos técnicos y sanitarios para el tratamiento de cadáveres, inhumaciones, cremaciones, traslados y el funcionamiento de empresas y servicios funerarios, la cual sigue vigente en España y complica estos procesos cuando estas personas pierden la vida en su travesía a Canarias.
La "llegada masiva de embarcaciones" y "la aparición continuada de cadáveres de migrantes fallecidos" han generado un "problema grave" que el TSJC quiere resolver por medio de una exigencia formal dirigida al Ministerio de Justicia y a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública: la necesidad de revisar la normativa estatal vigente —el Decreto 2263/1974— para regular de forma clara la inhumación de los cadáveres hallados en alta mar o tras su llegada a la costa, recoge la memoria, que ha sido hecha pública este miércoles.
Vacío y protocolo
La legislación actual, de carácter preconstitucional, no determina qué administración pública debe asumir las competencias ni costear los entierros de las personas que fallecen durante la travesía y que, de forma sistemática, carecen de cualquier documentación identificativa.
Ante este vacío, la presidencia del tribunal canario ha promovido la elaboración de un protocolo de actuación coordinado para evitar el desamparo institucional y legal de estas víctimas.
El Hierro, desbordada
El epicentro de esta saturación se sitúa de forma alarmante en la isla de El Hierro. A pesar de que las cifras globales de entrada en el Archipiélago durante el año pasado reflejaron un descenso del 62% respecto al pico histórico anterior (17.788 migrantes frente a los más de 46.000 del ejercicio previo), la presión se concentró de manera desproporcionada en la isla del meridiano, que acogió en torno al 60% del total de las llegadas, en total unas 10.600 personas.
Esta coyuntura ha colocado al único órgano judicial de la isla, que es el Tribunal de Instancia de Valverde, en una situación de "manifiesta insuficiencia de medios". Tras una visita de inspección directa sobre el terreno, la presidencia del TSJC dio traslado a las autoridades competentes de un paquete de necesidades logísticas de extrema urgencia.
Entre las demandas planteadas destacan la ampliación de espacios para la custodia de detenidos, la instalación de sistemas de videovigilancia portuaria para la preservación de pruebas judiciales y, de manera prioritaria, una adecuación de los medios forenses que incluya instalaciones aptas para la conservación de cadáveres y la modernización de la sala de autopsias de Valverde.
Y que la regulación vigente no se adapta a la realidad del mar de Canarias, por lo que es urgente definir un procedimiento general de actuación para el depósito, conservación e inhumación de los cuerpos no reclamados, destaca el documento judicial.
Denuncia al Parlamento Europeo
La gravedad de la situación y el impacto real de la presión migratoria sobre las estructuras judiciales de las islas periféricas fueron expuestos de forma directa ante las instituciones comunitarias.
El propio presidente del TSJC trasladó estas deficiencias a la Misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo durante la visita oficial que los eurodiputados realizaron a Canarias en septiembre 2025 para evaluar la crisis en la frontera sur de Europa.
Colapso en Tenerife
Mientras se tramita la dotación de refuerzos económicos y de personal para el área de lo contencioso-administrativo en las capitales canarias, el drama humanitario y la falta de infraestructuras básicas en las islas de llegada siguen situando a los tribunales del Archipiélago en la primera línea de contención de una crisis que desborda el marco legal ordinario.
Quién paga y cómo se gestionan los entierros en el mar no es el único problema legal detectado por los jueces en la gestión de la crisis migratoria. A pesar de que las llegadas en patera bajaron un 62% en 2025, el atasco de recursos acumulados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de tal calibre que la Sección Primera está al 509% de su capacidad. Al ritmo actual, se tardarían casi 9 años en resolver la pendencia actual aunque no entrara ni un solo recurso más de extranjería.
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