La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha asegurado que es imposible legalmente paralizar las denuncias a propietarios que utilizan de forma residencial viviendas en zonas turísticas y se ha remitido a una mesa de trabajo con cabildos y ayuntamientos para resolver este problema mediante un cambio en la legislación, para lo que ha pedido serenidad y colaboración a los partidos de la oposición.

De León ha comparecido en el pleno del Parlamento de Canarias a petición del PSOE y de Nueva Canarias, cuyos representantes Gustavo Santana y Esther González han denunciado el fracaso del decreto aprobado hace un año por el Gobierno sobre el uso turístico, tras el cual han continuado los expedientes sancionadores a los propietarios.

La consejera ha señalado que hay un total de 176 expedientes sancionadores, pero ha indicado que no parten de la administración, sino que son actuaciones de oficio ante denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores turísticos, ante las que el Gobierno tiene el deber legal de actuar.

Marco legal vigente

Ha defendido la necesidad de impulsar un nuevo marco normativo para solucionar la situación de los propietarios con uso residencial en zonas turísticas y ha señalado que es la Ley de 2013 la que obliga a la unidad de explotación de los complejos turísticos.

Jéssica de León ha insistido en que no es posible una suspensión inmediata de los expedientes sancionadores y ha reprochado a los grupos de la oposición que prometan a los afectados soluciones inviables.

La salida legal pasa por dar respuesta a tres realidades diferenciadas: la residencialización de los complejos, la utilización de apartamentos como segundas residencias y la explotación como viviendas vacacionales sin gestor turístico, ha señalado la consejera.

Para ello, se lleva “meses” trabajando con cabildos y ayuntamientos en el diseño de la futura ordenación urbanística, destacando el trabajo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como referencia.

Críticas de la oposición

Gustavo Santana, del Grupo Socialista, ha recordado que hace un año el Gobierno aprobó el decreto sobre el uso turístico con el que prometió seguridad jurídica, y ha señalado que desde entonces se han tramitado 62 nuevos procedimientos sancionadores.

Santana ha advertido de que hay más de 70.000 personas afectadas en Canarias, ha reclamado una profunda modificación de las normas y ha denunciado la ineficacia de la política turística del Ejecutivo.

Impacto en familias

Por su parte, Esther González, de Nueva Canarias, ha denunciado el “gran sufrimiento” de los afectados por las sanciones por residir en sus propias viviendas, y ha afirmado que unas 2.000 familias han sido sancionadas por este motivo.

González ha advertido de que esta situación genera un clima de miedo constante entre los vecinos y ha exigido la revisión de oficio de los expedientes, al obligar a los afectados a acudir a los tribunales para defender su derecho a la vivienda.

La consejera ha pedido disculpas a las familias afectadas, ha ofrecido diálogo a todas las partes y ha insistido en que el Gobierno trabaja para resolver el problema dentro de esta legislatura.