El control interno, la contratación pública, la conciliación del patrimonio o la ejecución de las inversiones son los puntos más débiles en las cuentas de las universidades públicas. La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ya ha hecho público el informe de fiscalización que hace anualmente a las dos universidades públicas, que recoge la situación del año 2023 y que si bien detecta mejoras en determinados aspectos, sigue localizando
En general, la ACC considera que las cuentas están dentro de la normativa presupuestaria, pero hace una serie de salvedades, especialmente para las cuentas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Algunas de esas salvedades son meramente formalidades, como el hecho de presentar las cuentas fuera de plazo, pero otras se adentran en la gestión económica y la capacidad de las instituciones universitarias.
Sin control interno
Uno de puntos que recogen sendos informes de fiscalización es la diferencia que existe entre los sistemas de control interno de las dos universidades. La situación más delicada corresponde a la ULPGC. En 2023 no contaba con un Plan Anual de Control Interno, un manual de procedimientos relacionado con la gestión económico-financiera ni un sistema integral de gestión de riesgos. La Audiencia tampoco constató la realización de actuaciones de control financiero permanente ni la existencia de un plan de auditoría vigente para ese ejercicio.
En la ULL, por el contrario, sí existía un Plan Anual de Control Interno y la Intervención desarrolló actuaciones de fiscalización y control financiero. No obstante, el fiscalizador señala que tampoco disponía de un verdadero manual de procedimientos de control interno ni de un sistema de gestión de riesgos, y advierte además de que el plan de 2023 no incluía actuaciones de control sobre la Fundación General de la Universidad de La Laguna.
Contratación
La contratación pública constituye otro de los principales focos del informe, especialmente en Las Palmas. La Audiencia identifica la contratación como un “área de riesgo” en la ULPGC y señala la existencia reiterada de expedientes declarados nulos después de haberse omitido el procedimiento legal de contratación, haberse producido fraccionamientos o haberse incumplido las reglas aplicables a los contratos menores. El propio informe destaca que esta práctica se venía repitiendo sin que se hubiesen solucionado sus causas.
La Universidad remitió una relación de 27 contratos declarados nulos de pleno derecho por un importe global de unos 4 millones de euros. Además, la Audiencia detectó que no se habían remitido los extractos correspondientes a dos convenios que superaban ampliamente los 600.000 euros y que sumaban más de 11 millones.
La ULL presenta también incidencias en contratación, aunque de menor volumen económico. La Audiencia contabiliza 49 contratos declarados nulos de pleno derecho por algo más de un millón de euros y detecta cuatro contratos de suministros y servicios, por un total de unos 210.000 euros, que fueron incluidos en la relación de contratos menores pese a superar los umbrales previstos por la legislación.
Inversiones sin ejecutar
Otro de los aspectos que más llama la atención del análisis es el bajo nivel de ejecución de las inversiones. En este apartado, el peor resultado corresponde a La Laguna. La ULL terminó 2023 con 83,9 millones de euros de créditos definitivos para inversiones reales, después de incrementar en unos 76 millones la cantidad inicialmente presupuestada. Finalmente ejecutó 26,9 millones, aproximadamente el 32% del total.
La ULPGC también presenta una ejecución reducida, aunque superior a la de La Laguna. Sus créditos definitivos para inversiones alcanzaron los 46,2 millones de euros y las obligaciones reconocidas se quedaron en 23,1 millones, alrededor del 50%. La Audiencia recomienda a ambas universidades mejorar la planificación para ajustar los créditos presupuestados a las inversiones que realmente puedan ejecutarse.
Los informes, sin embargo, no describen una situación general de desequilibrio financiero. Ambas universidades cerraron 2023 con resultado presupuestario ajustado positivo. En la ULPGC fue de aproximadamente 6,5 millones de euros, frente al déficit registrado el año anterior. En la ULL alcanzó los 8,1 millones. Las dos instituciones disponían además de remanentes de tesorería elevados.
Inmovilizado material
Otro problema común se encuentra en el control del patrimonio universitario. La Audiencia advierte de que ninguna de las dos universidades disponía de un inventario extracontable del inmovilizado material suficientemente fiable, completo y conciliado con la contabilidad como para verificar adecuadamente el valor reflejado en sus balances.
La situación es especialmente significativa en la Universidad de La Laguna. El valor neto contable del inmovilizado material ascendía a 285,6 millones de euros, mientras que el detalle extracontable facilitado durante la fiscalización recogía únicamente 11,3 millones. La diferencia no conciliada alcanza los 274,3 millones, equivalente al 96% del importe contabilizado. La Audiencia subraya que esta circunstancia le impide obtener evidencia suficiente sobre la existencia, integridad y valoración de esos bienes.
El problema también aparece en la ULPGC, aunque con cifras inferiores. El balance reflejaba 90,3 millones de euros de inmovilizado material, mientras que el detalle extracontable aportado alcanzaba 21,9 millones. La diferencia sin conciliar era de 68,4 millones, el 75,8% del total. La Audiencia vuelve a considerar que la ausencia de un inventario completo y conciliado constituye una limitación al alcance de la fiscalización.
Mejoras
La fiscalización también recoge algunas mejoras. Tanto en la ULPGC como en la ULL desaparece en 2023 una salvedad que figuraba en la auditoría del ejercicio anterior sobre la integridad y exactitud de los ingresos procedentes de matrículas, tasas y precios públicos, después de que se ampliaran los controles y comprobaciones sobre estas operaciones.
También se han adoptado medidas después del ejercicio fiscalizado para corregir algunas de las deficiencias. La ULPGC aprobó en septiembre de 2024 un nuevo reglamento de control interno y en 2025 puso en marcha su primer Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2025-2027. Por su parte, la ULL aportó durante la fiscalización un estudio actuarial externo contratado en 2025 para calcular determinados compromisos de jubilación que en las cuentas de 2023 carecían de esa valoración especializada.
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