Pasadas las seis de la tarde de este jueves, la acera frente a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife se quedó pequeña. Varios centenares de personas, entre aplausos y vitores, acabaron ocupando la calzada de Méndez Núñez para protestar contra los desahucios y apoyar a Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada el miércoles en Madrid de la casa donde pasó 71 años.
Entre banderas rojas y canarias, pancartas y carteles de cartón escritos a mano, los asistentes pidieron que no se ejecute ningún desahucio sin una alternativa habitacional, más vivienda pública y alquileres que se puedan pagar.
"Ni un desahucio más"
"Por una ley que garantice la vivienda", "Canarias sin desahucios" o "expropiación para parque de vivienda público" se leía en algunas de las pancartas desplegadas frente a la escalinata, mientras "ni un desahucio más" era una de las consignas que más se repitieron.
La convocatoria partió de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Acción Social Canarias y la activista Inma Évora, y a ella se unieron representantes de Drago Canarias, los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC) y otros grupos de la izquierda canaria. Con esta concentración, la capital tinerfeña entró así en la ola de protestas que recorrió 16 ciudades españolas entre el jueves y el viernes.
La calzada, ocupada y despejada
La concentración fue creciendo hasta invadir la carretera, y el tráfico quedó cortado. Al rato se pidió a los asistentes que volvieran a la acera, porque no se había solicitado permiso para ocupar la vía. El llamamiento lo hizo Inma Évora, portavoz de la PAH de Tenerife, que en los últimos días ya había denunciado el acoso de un empresario de desokupación con el que debatió en Televisión Canaria.
Desde la escalinata de la Subdelegación, varios agentes siguieron el acto sin intervenir. El único momento de tensión llegó durante una de las intervenciones: una mujer increpó a una de las portavoces que tenía la palabra e intentó quitarle el altavoz. Tras ese pequeño incidente, la concentración siguió con normalidad y terminó de forma totalmente pacífica.
De Madrid a San Isidro
El caso de Maricarmen nace de un contrato de renta antigua. En marzo, el Tribunal Supremo dio por extinguida la subrogación y dio la razón a la propiedad. La mujer, con una discapacidad reconocida del 50%, rechazó la plaza de emergencia en una residencia que le ofreció el Ayuntamiento de Madrid y se quedará de momento con familiares.
Mientras en Santa Cruz se protestaba por lo ocurrido en Madrid, en el sur de la isla se frenaba este jueves otro desalojo. Una vecina de 54 años de San Isidro, en Granadilla de Abona, con cáncer terminal y dependencia de grado 2, vio suspendido por tercera vez su desahucio por impago del alquiler.
El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) pidió al juzgado la paralización tras recibir el informe de vulnerabilidad de los Servicios Sociales municipales. Su directora, Pino de León, se comprometió a buscar una solución habitacional "lo antes posible".
Según el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, la mujer está en tratamiento de quimioterapia y vive solo de ayudas públicas. Dejó de pagar el alquiler tras la pandemia por falta de recursos.
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