“Nunca pensamos que esto se fuera a materializar”, admite Ciro Molina, víctima de abusos en el seno de la Iglesia y portavoz en Canarias de Infancia Robada, a Atlántico Hoy todavía “impresionado” por una firma que considera histórica, describiendo una mezcla de  alivio y conmoción tras el acuerdo entre el Gobierno estatal y la Iglesia para reparar a quienes sufrieron abusos y no pudieron acudir a la justicia. 

“Estamos felices porque por fin empezamos a ver la salida, la luz al final del túnel”, resume, recordando a las víctimas fallecidas, entre ellas su propia madre, a la que atribuye parte de su recaída en el cáncer al sufrimiento acumulado por el caso.

Acuerdo Gobierno e Iglesia

Recordemos que recientemente el Gobierno estatal, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos han pactado un sistema mixto para reconocer y reparar a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia que ya no pueden acudir a la vía judicial por prescripción o fallecimiento del agresor. 

Las víctimas iniciarán el proceso en una unidad de tramitación del Ministerio, su caso pasará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que propondrá una reparación moral, psicológica, simbólica, espiritual o económica, y la Iglesia asumirá siempre las compensaciones económicas, exentas de IRPF.​

Víctimas en el centro

La propuesta se evaluará en la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA) y, si hay desacuerdo entre víctima e Iglesia, intervendrá una comisión mixta con asociaciones; en última instancia decidirá la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. 

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable otro, y se suma a otros acuerdos recientes entre Gobierno e Iglesia, mientras asociaciones como Infancia Robada consideran positivo el paso pero denuncian que llega tarde y reclaman que se sitúe a las víctimas en el centro tras años de encubrimiento.​

Plazo de un año

Ciro Molina valora especialmente que el acuerdo fije un plazo máximo de un año para resolver las solicitudes de reparación, prorrogable pero acotado en el tiempo. “No se debe prorrogar más. Hay víctimas que son mayores y otras ya han fallecido”, subraya, citando a compañeros de 70 años y a otras víctimas con décadas de lucha a sus espaldas, frente a quienes, como él, “todavía” tienen algo más de vida por delante. 

Por otro lado, sostiene que el Defensor del Pueblo actúe como órgano neutral y objetivo que estudie cada caso “pormenorizadamente”, con garantías, y marque las pautas y cantidades a abonar, rompiendo con un modelo en el que, denuncia, “la Iglesia estaba siendo juez y parte”.​

Acudieron a Roma

El portavoz recuerda que este escenario “se podía haber resuelto hace un año”, pero acusa a la presidencia de la Conferencia Episcopal y a la mayoría de los obispos de “boicotear” las recomendaciones del Defensor del Pueblo y seguir “mortificando” a las víctimas. Explica que, ante esa negativa, decidieron acudir a Roma este pasado mes de diciembre para reunirse con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y reclamar que los obispos asumieran su responsabilidad en la reparación. 

Nuestro entrevistado atribuye el desbloqueo a la presión del secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y distingue a unos pocos prelados –como los de Madrid, Bilbao o Pamplona– que, a su juicio, sí han apostado desde el principio por estar del lado de las víctimas.​

Situación en Canarias

Sobre la situación en Canarias, Molina destaca que solo se sabe que, al menos, 20 centros educativos o religiosos habrían estado afectados, según bases de datos de medios de comunicación, pero sin cifras oficiales porque “ningún órgano como tal lo ha hecho”. 

Además, recuerda que la Iglesia en Tenerife llegó a negar la existencia de abusos en la diócesis pese a que su caso ya era conocido, y denuncia que ni siquiera le han entregado la resolución canónica sobre su agresor, algo que reclama como parte de su propia historia. “La transparencia les beneficiaría a ellos, les mejoraría la reputación”, insiste, lamentando que se siga leyendo el problema como una disputa política o un “complot anticlerical” en lugar de como una cuestión de justicia y reparación.​

“Ni todo el oro del Vaticano compensa el daño”

Preguntado por si las indemnizaciones pueden compensar lo ocurrido, Molina es categórico: “Ni aunque nos dieran todo el oro del Vaticano y de las iglesias” bastaría para reparar el daño sufrido por las víctimas y sus familias. 

Admite que el dinero puede servir para pagar terapias o ayudar a otras personas, pero reclama también actos públicos de reparación y reconocimiento, como los que se han hecho con víctimas del terrorismo o de otros delitos, para que la Iglesia asuma de forma visible su responsabilidad.