Las diez defensorías del pueblo de España han reclamado que el acceso a una vivienda digna sea reconocido como un derecho subjetivo exigible ante las administraciones públicas, de manera que las personas que no puedan acceder a un hogar en condiciones de mercado puedan reclamar una respuesta institucional. La propuesta forma parte de un decálogo consensuado que también plantea aumentar el parque de vivienda social, reforzar la inversión pública y evitar que las viviendas protegidas terminen incorporándose al mercado libre.
Estas conclusiones se han presentado este viernes, 30 de octubre, en las 39ª Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, organizadas en Canarias por la Diputación del Común bajo el lema 'Abriendo las puertas al futuro de la vivienda'. El documento, elaborado tras un año de trabajo, propone medidas para garantizar el acceso a la vivienda, especialmente entre las personas en situación de vulnerabilidad, y reclama una mayor coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Viviendas protegidas que no pasen al mercado libre
Una de las principales propuestas consiste en aumentar de manera significativa y sostenida el parque de vivienda social y protegida hasta alcanzar, como mínimo, los estándares europeos. Para conseguirlo, las defensorías plantean que las viviendas públicas mantengan permanentemente su calificación protegida, evitando que con el paso del tiempo puedan incorporarse al mercado libre.
El decálogo también apuesta por priorizar el alquiler asequible y ampliar la inversión pública mediante nuevas promociones, rehabilitación de inmuebles, movilización de viviendas deshabitadas y fórmulas de colaboración público-privada con garantías de asequibilidad.
Una respuesta para quienes esperan una vivienda pública
Las defensorías también reclaman cambios en el funcionamiento de los registros de demandantes de vivienda, con el objetivo de que dejen de actuar únicamente como listas de espera. En concreto, proponen que cada solicitud reciba una resolución expresa en un plazo razonable, acompañada de información sobre las actuaciones previstas para atender las necesidades de la persona solicitante.
El documento plantea, además, reforzar las ayudas al alquiler y adaptar sus cuantías y requisitos a los precios del mercado inmobiliario, junto con una gestión administrativa más ágil y transparente. También pide intensificar la supervisión de los alquileres turísticos y de los contratos temporales para evitar sus posibles efectos negativos sobre la disponibilidad de viviendas destinadas a residencia habitual.
Canarias defiende una vivienda como derecho exigible
La Diputada del Común de Canarias, Lola Padrón, ha destacado la importancia de que las diez defensorías hayan alcanzado una posición común sobre la necesidad de reforzar las garantías del derecho a la vivienda. “La vivienda no puede entenderse exclusivamente como un bien sujeto a las dinámicas del mercado, puesto que sus condiciones de acceso y mantenimiento determinan las posibilidades de desarrollar una vida digna y de ejercer otros derechos”, ha señalado.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha defendido la necesidad de cooperación institucional para abordar los problemas de acceso a la vivienda. El decálogo también reclama atención prioritaria a colectivos especialmente vulnerables, como menores, personas mayores, víctimas de violencia de género y personas sin hogar, además de actuaciones contra la segregación residencial y los asentamientos informales.
Con estas conclusiones, las diez defensorías trasladan a las administraciones una propuesta común para reforzar las políticas públicas de vivienda, aunque las medidas recogidas en el documento no suponen por sí mismas una modificación de la legislación vigente.
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