La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cuestionado que los propietarios de viviendas vacacionales en Canarias tengan que presentar dos trámites distintos para poder ejercer la actividad.
Por un lado, ya deben presentar una declaración responsable ante el Gobierno de Canarias. Pero además, algunos ayuntamientos les están exigiendo una comunicación previa de actividad clasificada. La CNMC considera que esa doble exigencia supone una carga administrativa duplicada.
La CNMC no tumba toda la ley
El informe no dice que toda la normativa canaria sobre viviendas vacacionales sea ilegal. Lo que cuestiona es ese trámite adicional que se pide desde los ayuntamientos.
De hecho, la propia CNMC señala que la declaración responsable sí encaja en la normativa y no vulnera los principios de necesidad y proporcionalidad. El problema aparece cuando se añade una segunda obligación administrativa para poder seguir con la actividad.
El origen está en una denuncia de ASCAV
El informe se elaboró después de una reclamación presentada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), que lleva tiempo denunciando que no debería exigirse esa segunda comunicación municipal.
ASCAV sostiene que pedir una declaración responsable y, además, una comunicación previa para la misma actividad complica innecesariamente la situación de los propietarios.
La propia ley genera dudas
La CNMC también detecta una contradicción dentro de la Ley 6/2025. Una parte de la norma incluye las viviendas vacacionales dentro del régimen de actividades clasificadas, mientras que otra dice que quedan exentas de los instrumentos de intervención previa de esa normativa.
Por eso, Competencia entiende que no debería imponerse de forma adicional un trámite municipal si ya existe una declaración responsable para controlar esa actividad.
Turismo defiende la normativa
La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias sostiene, sin embargo, que el informe de la CNMC no pone en cuestión el conjunto de la ley autonómica. El departamento defiende que la regulación sigue siendo válida y recuerda que determinadas viviendas vacacionales disponen hasta el 31 de julio de 2027 para presentar la documentación exigida en los casos previstos por la norma.
En la práctica, el informe de la CNMC no elimina la ley de viviendas vacacionales ni deja sin efecto todas sus obligaciones. Lo que hace es cuestionar que los propietarios tengan que superar dos trámites distintos para una misma actividad y concluye que esa duplicidad vulnera el principio de simplificación de cargas de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
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