En un auto notificado hoy, la Sección Segunda de la Audiencia acuerda la libertad provisional del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, condenado a siete años de cárcel en sentencia recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, aunque con la obligación de comparecer en los diez primeros días de cada mes ante el juzgado.
En la misma resolución, la Audiencia acuerda la libertad provisional de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Martín, así como de los funcionarios Juan Víctor Reyes y José Tomás Martín, a quienes sólo se les impone como condición la entrega de sus pasaporte, también en un plazo de tres días.
Las acusaciones basaban su petición de prisión por haber aumentado el riesgo de fuga tras ser dictada la sentencia y en que los acusados disponían de elevados recursos económicos que podrían utilizar para sustraerse a la acción de la justicia.
Zerolo está condenado a siete años por malversación de fondos y prevaricación, lo mismo que Parejo, mientras que los empresarios Plasencia y González fueron condenados a cinco años y tres meses por la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas, una operación en la que se obtuvieron beneficios superiores a los 100 millones de euros a costa de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, según la sentencia.
El auto indica que, aunque en la sentencia se apuntaba a indicios sobre la posibilidad de que Zerolo tuviera patrimonio oculto en el extranjero, esos hechos no quedaron probados en el proceso, en el que la pieza separada sobre cohecho quedó sobreseída.
Además, no se han dado muestras de que Zerolo pretenda ponerse fuera del alcance de la justicia.
En el caso de Parejo, el auto señala que su permanencia en prisión por una condena anterior, sumada a las medidas restrictivas en el caso de que pudieran aplicársele beneficios penitenciarios en un futuro, son suficientes para compensar el riesgo de fuga.
Son personas que siempre han atendido a las citas judiciales y que tienen gran arraigo en la ciudad, así como una edad avanzada con la cual es difícil imaginarlos "llevando una vida clandestina ocultándose de las autoridades".
La Sección Segunda de la Audiencia tiene aún pendiente de fallar en otro auto sobre el aumento de las medidas cautelares económicas demandadas por las acusaciones para garantizar que los condenados hagan frente a las indemnizaciones a las que fueron condenados, de unos 63 millones de euros más intereses.