Las publicaciones de una abogada ejerciente en Canarias han provocado una investigación de la Guardia Civil tras difundir en TikTok varios vídeos en los que solicita públicamente la contratación de “sicarios” para matar a miembros de la judicatura, de la Fiscalía y al alcalde de Los Realejos, en Tenerife.

La letrada, colegiada en Madrid pero con actividad profesional en el Archipiélago, especialmente en Tenerife, llega a afirmar en esas grabaciones que está dispuesta a pagar 3.000 euros a quien ejecute los asesinatos. Entre las personas señaladas figuran el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui; la fiscal de Sala del Tribunal Supremo María Farnés Martínez Frigola; el magistrado Javier Arribas Altarriba y el alcalde realejero, Adolfo González.

Investigación abierta

Fuentes jurídicas consultadas consideran que el contenido difundido “ha superado todos los límites” y advierten de que podría constituir un delito relacionado con amenazas o provocación para cometer atentados contra autoridades públicas.

La Guardia Civil ya trabaja en la recopilación y análisis de los vídeos difundidos en los últimos días. Según fuentes de la investigación, las diligencias se centran en un presunto delito de provocación al asesinato de funcionarios públicos y, una vez concluido el atestado, será remitido al partido judicial de Puerto de la Cruz.

En una de las grabaciones, la abogada asegura que busca “un sicario” y facilita incluso su número de teléfono móvil para recibir contactos. También acusa a la Fiscalía de vulnerar sus derechos y relaciona sus mensajes con conflictos personales y judiciales previos.

Vídeos polémicos

En los vídeos publicados en TikTok, la investigada menciona expresamente a varios cargos judiciales y afirma que necesita “un sicario” para acabar con ellos. Además, insiste en que “le urge bastante” encontrar a alguien dispuesto a hacerlo.

La mujer también lanza graves acusaciones contra miembros de la Fiscalía y del sistema judicial, a quienes responsabiliza de decisiones relacionadas con procedimientos personales y familiares. En otras publicaciones anteriores había dirigido insultos y descalificaciones contra responsables judiciales.

Según fuentes judiciales, no es la primera vez que la letrada protagoniza episodios controvertidos relacionados con el ejercicio de la abogacía. Las mismas fuentes apuntan a la apertura de expedientes disciplinarios por supuestas faltas de respeto durante vistas orales y conflictos con otros profesionales del ámbito judicial.

Además, habría sido apartada del turno de oficio en La Palma tras distintas incidencias vinculadas al código deontológico profesional.

Denuncia del alcalde

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, presentó este viernes una denuncia ante la Policía Nacional después de aparecer citado en los vídeos con amenazas de muerte.

El regidor solicita medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento y restricciones sobre el uso de redes sociales por parte de la investigada. El conflicto entre ambos se remonta a sanciones municipales relacionadas con una denuncia vecinal por la tenencia de animales y problemas de convivencia en una urbanización del municipio.