Los abogados del exalcalde de Granadilla, Jaime González Cejas, y de seis exconcejales acusados de prevaricación en el denominado caso Médano Park sostienen que la retirada hace una semana de la acusación particular, ejercida por Sí se Puede (SSP), deja la causa “vacía de contenido”.
La acusación particular llegó a solicitar hasta 53 años de cárcel por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, aunque actualmente el procedimiento se limita a un delito de prevaricación, por el que la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para García Cejas y entre cinco y siete años para el resto de acusados.
El origen del procedimiento se remonta a la tramitación en 2004 del plan parcial Médano Park. Según la Fiscalía, el exalcalde poseía unas 440 acciones de la sociedad gestora y, pese a ello, no se abstuvo en las votaciones celebradas en la Junta de Gobierno y en el pleno municipal, al igual que los demás ediles procesados. Tras vender sus participaciones a otra mercantil, García Cejas obtuvo 212.500 euros y posteriormente se desvinculó de la actuación urbanística.
Suspensión del juicio
Al inicio de la vista celebrada este viernes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, las defensas solicitaron la suspensión del juicio al considerar que las acusaciones iniciales ya no se corresponden con el único delito que permanece en la causa, lo que, a su juicio, impidió a los acusados defenderse adecuadamente durante la instrucción.
Los letrados también alegaron la prescripción del caso, al haber transcurrido casi veinte años desde la presentación de la querella en 2006, y pidieron excluir del sumario un informe económico elaborado por la Guardia Civil y una tasación de terrenos vinculada a las acusaciones iniciales de malversación.
Resoluciones adoptadas
La Fiscalía cuestiona cinco resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento entre 2004 y 2006 que permitieron la urbanización de una bolsa de casi 88.200 metros cuadrados y defendió la continuidad del juicio al sostener que los acusados sí prestaron declaración durante la instrucción.
Tras un receso, el tribunal acordó continuar la vista conforme al calendario previsto y dejar la resolución de las cuestiones previas para la sentencia.
VInculación con la promotora
Según el Ministerio Público, el entonces alcalde aprobó inicialmente el plan parcial pese a conocer su vinculación societaria con la entidad promotora y la posible incompatibilidad derivada de ese interés económico. La Junta de Gobierno ratificó posteriormente esa decisión. El plan recibió después informes favorables condicionados por parte de la entonces Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) y del Cabildo de Tenerife.
La Fiscalía sostiene además que el Ayuntamiento defendió la operación urbanística por el aprovechamiento económico que obtendría la corporación municipal, cifrado en cerca de 927.500 euros, pese a que, según mantiene el Ministerio Público, el suelo afectado no reunía las condiciones urbanísticas necesarias para ello.
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