El Ayuntamiento de Adeje ha instado a más de 300 personas que viven en infraviviendas y caravanas en El Puertito de Adeje a desalojar en un plazo de 15 días los terrenos que ocupan desde hace unos 20 años. La exigencia del consistorio se produce en el marco del plan que está promoviendo para actuar en diferentes asentamientos ilegales del municipio, pero ha generado el rechazo de quienes viven en la zona, que reclaman una ampliación del plazo para poder encontrar una alternativa y que los Servicios Sociales atiendan a las personas más vulnerables.
Se trata de un emplazamiento cercano a donde se construye el polémico macroproyecto Cuna del Alma y a pocos metros del hotel Bahía Príncipe. Desde hace años, esta zona se ha ido llenando de chabolas y caravanas debido a las dificultades para encontrar vivienda, una problemática especialmente grave en el sur de Tenerife.
Un asentamiento marcado por la falta de vivienda
“Hay personas mayores, enfermas, gente discapacitada, madres con niños, padres con niños y la mayoría de esta gente es gente trabajadora”, explica Jennifer López, una de las personas que han recibido la orden de desalojo. Ella construyó hace unos años su casa en unos terrenos que reconoce que son privados, pero señala que habían permanecido abandonados durante años.
Aunque admite que está mal instalarse de manera ilegal en unos terrenos que tienen propietario, manifiesta que construir en este espacio era la única solución que había encontrado para tener un techo en el sur de la isla. Una solución que, según explica, también encontraron cerca de 300 personas que habitan estos terrenos y que ahora han sido llamadas a desalojar el asentamiento.
El desalojo forma parte de la hoja de ruta para frenar el chabolismo en Adeje que está impulsando el Ayuntamiento, después de detectar asentamientos ilegales en las zonas de El Valito, Llano Negro, Las Moreras, El Puertito y La Caleta. La decisión se tomó tras detectar un aumento de población en estos asentamientos.
López explica que en El Puertito muchos de los afectados son trabajadores y quiere evitar que se genere un estigma sobre ellos simplemente por vivir en infraviviendas. “No es gente que se quiere aprovechar de ayudas, es gente trabajadora que cobra un sueldo de 1.300 euros, pero un alquiler cuesta 1.000 euros y no pueden permitirse pagarlo. La mayoría es gente trabajadora, no son hippies", explica sobre los afectados.
Reclaman más tiempo y atención de Servicios Sociales
Jennifer está intentando encontrar una alternativa para las personas que habitan en este asentamiento y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Explica que entre los afectados hay una persona que vive en una caravana que no puede moverse y un hombre cuya mujer falleció y que mantiene él solo a cuatro hijos menores. Por ello, reclama una respuesta por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Adeje.
Desde el Ayuntamiento manifiestan que ya se está dando solución a las personas vulnerables que residen en el asentamiento. Según aseguran, ya se han puesto en contacto con 23 personas, de las que 18 cuentan con una base de datos en los Servicios Sociales. Además, añaden que no han detectado casos de necesidades flagrantes y garantizan la atención de todos los afectados, una visión que choca con la experiencia de Jennifer.
“Queremos intentar que nos den tiempo para conseguir otro lugar y que a las personas más vulnerables les ayuden a reubicarse. Ese es el único propósito, no queremos ayudas, simplemente que nos den más tiempo”, reclama López. En su intento por conseguirlo, este jueves se ha reunido con la Diputada del Común, Lola Padrón, a quien ha entregado la documentación de algunos de los vecinos que residen en este espacio.
La incertidumbre ante el desalojo
La vida en el asentamiento de El Puertito de Adeje, explica, es muy tranquila, sin conflictos entre los vecinos y con una fuerte red de ayuda. Asegura que las puertas de los hogares pueden quedarse abiertas sin miedo a los robos. Por las noches, afirma que prima el silencio; durante el día escuchan a los pájaros cantar y, de fondo, la maquinaria de las obras de Cuna del Alma.
Desde que llegaron las cartas de desalojo, que todavía no se han entregado a la mitad de los habitantes, ha aumentado la tensión y el desasosiego entre los vecinos. Uno de los habitantes le ha expresado incluso que quiere quitarse la vida al no tener una alternativa. “Cualquiera puede acabar así”, comenta. Ahora solo esperan una ampliación del plazo para poder encontrar una solución habitacional.
El consistorio actualmente no dispone de viviendas públicas para ceder a las personas más vulnerables. El Ayuntamiento está en conversaciones con el Instituto Canario de la Vivienda para impulsar la construcción de viviendas en Armeñime, un proyecto que no ha avanzado. De momento, por tanto, no hay alternativas habitacionales aseguradas para las personas afectadas por el desalojo.
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