La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha anulado la condena impuesta por un Juzgado de lo Penal a un matrimonio, extrabajadores de una compañía petrolífera radicada en la isla, condenados a un año de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros cada uno por un delito de revelación de secretos.
La sala ordena dictar una nueva sentencia en la que se resuelvan de forma motivada varias cuestiones planteadas por las defensas y que, según el tribunal, no fueron respondidas adecuadamente ni acreditadas “más allá de su mero enunciado o expresión”.
Las defensas solicitaron la nulidad de las actuaciones al considerar que el secreto del sumario se mantuvo durante 18 meses sin justificación y que no se atendieron algunas de sus peticiones de acceso a la causa.
Ordenador formateado
Otra de las supuestas irregularidades señaladas es que el ordenador de la acusada fue formateado, por lo que los peritos no pudieron obtener pruebas que demostraran su culpabilidad. Asimismo, denunciaron que los terminales de ambos encausados permanecieron durante un año y medio en poder de la empresa, en lugar de ser custodiados por el tribunal, y que se rompió la cadena de custodia del portátil del acusado.
El Juzgado de lo Penal sostuvo que no se vulneraron las garantías procesales ni los derechos de los acusados, defendió que los ordenadores estuvieron siempre en poder de peritos y consideró que estas cuestiones debieron plantearse antes de la vista oral. La Audiencia señala que debe existir una resolución expresa sobre esos argumentos y que no basta con remitirse de forma genérica al momento en el que fueron expuestos, por lo que califica de “insólita” la postura del juzgado al no explicar por qué rechazó los alegatos.
Contratados en 2004 y 2005
Según la sentencia anulada, ambos acusados fueron contratados en 2004 y 2005 y ascendidos en 2017 a puestos en los departamentos de compras y ventas directas. El fallo concluía que el acusado aprovechó su cargo y la confianza depositada en él por la compañía para apoderarse de información estratégica y que accedió sin autorización desde su domicilio, mediante su portátil, a la terminal de la empresa durante más de tres horas en mayo de 2017.
Supuestamente extrajo una carpeta denominada “Ventas Directas”, de la que descargó cerca de 5.000 archivos relacionados con clientes, ofertas, precios y concursos, pese a tratarse de documentación confidencial. La acusada, por su parte, habría accedido horas antes durante su jornada laboral a documentación de Recursos Humanos, departamento al que ya no pertenecía, aprovechando que aún no se había tramitado su baja de acceso.
De esta forma obtuvo 645 archivos y días después, el acusado habría reenviado a su correo electrónico información sobre retribuciones salariales de empleados, según la sentencia anulada.
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