La Asociación MIR España (AME) ha remitido a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife un expediente con documentación y testimonios sobre el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). La entidad pide que se valore su incorporación a las diligencias relacionadas con el centro y que se comprueben episodios concretos para determinar si existen indicios de delito. COPE informó el 11 de noviembre de que la Fiscalía había iniciado actuaciones tras una denuncia de la Asociación Defensor del Paciente. Según ese medio, la presidenta de la entidad, Carmen Flores, dijo que había recibido una respuesta afirmativa de la Fiscalía.
El expediente incluye 17 registros históricos del Observatorio de AME, fechados entre agosto de 2020 y enero de 2023; testimonios de médicos residentes, especialistas y otros profesionales; cuatro comunicaciones de pacientes o familiares, y cinco archivos de audio. Según la asociación, el material recoge posibles problemas de supervisión, jornadas y descansos, organización asistencial y presiones. AME puntualiza que los registros antiguos no prueban que las situaciones se hayan mantenido de forma ininterrumpida y que algunas comunicaciones podrían referirse a personas o episodios coincidentes.
El HUC señala que no tiene constancia de la remisión del expediente a Fiscalía. Fuentes del centro apuntan que las comunicaciones registradas a las que se refiere AME corresponden a 2020, 2021 y 2022, antes de la actual Dirección. El hospital tampoco ha confirmado que haya recibido una comunicación de Fiscalía sobre la documentación de AME.
Una denuncia sobre la formación de los residentes
Las denuncias de la Asociación MIR España sobre Urgencias se hicieron públicas en junio, cuando la entidad trasladó testimonios de residentes que describían presuntas carencias de supervisión y una elevada carga asistencial. AME pidió entonces una auditoría docente al Ministerio de Sanidad. El HUC rechazó que los residentes trabajaran sin supervisión y defendió que su actividad se desarrolla conforme a la normativa y a los itinerarios formativos establecidos.
La controversia incluye una diferencia entre la contratación de médicos para trabajar en Urgencias y quién puede tutorizar a los residentes. La Dirección Médica del HUC ha sostenido que la normativa permite que facultativos con experiencia acreditada tutelen a MIR mientras se implanta la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. AME cuestiona que ese modelo garantice la formación de los residentes.
En septiembre, la Consejería de Sanidad comunicó que había iniciado una auditoría interna sobre las denuncias de falta de supervisión. La consejera, Esther Monzón, rechazó entonces que los MIR atendieran pacientes sin supervisión adecuada. En octubre, la Diputación del Común admitió a trámite una queja de AME y anunció que pediría información al Servicio Canario de la Salud, a la Dirección de Área de Tenerife y a la gerencia del HUC. La admisión no suponía un pronunciamiento sobre el fondo de las denuncias.
El debate por la mortalidad
El expediente de AME se conoce en plena controversia sobre la evolución de los fallecimientos en Urgencias. En 2025 murieron 660 personas en esa área del HUC, frente a 554 en 2024: 106 más. El servicio registró 77.906 episodios asistenciales el año pasado, 451 más que el anterior.
El Comité de Empresa del HUC atribuye el deterioro asistencial que denuncia a cambios organizativos y a la salida de médicos con experiencia. Tras conocerse los datos de mortalidad, pidió una investigación independiente y una auditoría externa, además de reclamar responsabilidades de gestión. La dirección del hospital respondió en una nota interna del 8 de noviembre que la atención está garantizada y que sus análisis no encuentran una relación causal general entre la mortalidad y las contrataciones realizadas desde marzo de 2025.
El director médico atribuye el aumento, entre otros factores, al envejecimiento y a la complejidad de los pacientes, así como a la atención de personas al final de la vida. La nota sostiene que el hospital realiza análisis internos de mortalidad y que no considera justificada una convocatoria extraordinaria de la Comisión de Mortalidad. El 10 de noviembre, Monzón defendió en el Parlamento que las cifras deben analizarse teniendo en cuenta la edad y las patologías de los pacientes y anunció una revisión de la situación con especialistas. En esa sesión, el PSOE reclamó una auditoría externa.
AME pide que sus testimonios y las explicaciones de la dirección se contrasten con registros clínicos y profesionales. La asociación no atribuye responsabilidades penales ni sostiene que los hechos denunciados hayan causado fallecimientos: solicita que Fiscalía compruebe los episodios y valore si procede impulsar actuaciones.
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