La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar la causa abierta por el hallazgo de 2,3 toneladas netas de cocaína en un buque interceptado en aguas internacionales y trasladado a Tenerife en agosto de 2025. La droga, con una pureza del 84%, tendría un valor estimado de 76 millones de euros.
La decisión llega después de que uno de los cinco tripulantes, actualmente en prisión, solicitara revocar el auto de procesamiento dictado a comienzos de este año.
La petición fue examinada durante una vista celebrada el pasado julio y finalmente ha sido rechazada, por lo que el procedimiento continuará adelante.
La defensa sostenía que no existían indicios racionales de criminalidad ni suficientes elementos penales contra el recurrente. La Fiscalía, por el contrario, considera que existen evidencias de su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas mediante el uso de un buque, contra la salud pública y de integración en organización criminal.
Un supuesto pesquero
La embarcación navegaba aparentemente como un buque pesquero con bandera de Camerún, aunque diferentes elementos levantaron las sospechas de los investigadores sobre su verdadera actividad.
Según consta en la causa, el barco realizaba desplazamientos entre puntos que no guardarían relación con labores pesqueras, había experimentado cambios de nombre y desconexiones de su señal emisora durante largos periodos de tiempo.
A ello se añadía la ausencia de artes adecuadas para desarrollar la actividad pesquera que supuestamente realizaba.
Las existentes, según la investigación, únicamente resultarían apropiadas para faenar en el Mediterráneo, pese a que la embarcación se encontraba lejos de esas aguas.
También se tuvo en cuenta que la tripulación estaba formada por solo cinco personas, una cifra considerada insuficiente para realizar determinadas actividades pesqueras lejos del litoral.
Destino a Canarias
La investigación, desarrollada con la colaboración de diferentes organismos policiales y aduaneros y de la Guardia Civil, sostiene que la cocaína tenía como destino final la Unión Europea y que Canarias iba a ser la vía de entrada.
El buque fue localizado en agosto de 2025 cuando, según la hipótesis de los investigadores, se dirigía hacia el Archipiélago.
Tras interceptar la embarcación fueron detenidos sus cinco tripulantes y se incautaron sus teléfonos móviles y otros efectos personales.
En el interior del barco se encontraron 80 fardos con más de 2,5 toneladas de cocaína en bruto. Una vez analizada la sustancia en un laboratorio de Tenerife, se determinó un peso neto superior a las 2,3 toneladas y una pureza del 84%.
La valoración calculada para la droga intervenida asciende a unos 76 millones de euros.
Un grupo llamado 'Friends'
El análisis de los teléfonos móviles incautados permitió localizar además un grupo de WhatsApp denominado 'Friends', en el que figuraban usuarios situados en Venezuela, Colombia y Reino Unido.
Según la investigación, a través de estas conversaciones se habría coordinado la entrega de determinada "mercancía" y combustible que los investigadores vinculan con el cargamento de cocaína.
Del contenido de las comunicaciones se desprendería que la entrega se realizó a unas 500 millas náuticas de la costa de Venezuela.
También se localizó información sobre patrulleras de diferentes nacionalidades que operaban en esas aguas.
De Sudamérica a Europa
La hipótesis que maneja la Audiencia Nacional apunta a que el barco se desplazó inicialmente hasta Sudamérica para recibir el cargamento y posteriormente inició su travesía hacia Europa.
La intención habría sido entregar la cocaína a otra organización encargada de introducir y distribuir la mercancía en territorio europeo, utilizando Canarias como punto de acceso a la Unión Europea.
Con el rechazo al recurso presentado por uno de los tripulantes, la Audiencia Nacional mantiene el procesamiento y la investigación judicial continúa su curso para determinar la responsabilidad de los implicados en el transporte del cargamento.
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