El Ayuntamiento de Candelaria ha decretado la clausura total de un establecimiento situado en la calle Las Arenitas, en Las Caletillas, tras constatar graves incumplimientos de la normativa que regula su actividad. La medida fue ejecutada por la Policía Local el pasado 10 de julio, después de que el negocio incumpliera de forma reiterada las condiciones establecidas en su licencia y las medidas cautelares impuestas por el consistorio.
Según informó el Ayuntamiento, la decisión responde tanto al incumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad como a la existencia de un riesgo para las personas y los bienes, circunstancias que justificaron la suspensión cautelar de la actividad hasta que desaparezcan las causas que la motivaron, añaden.
Denuncias vecinales y expediente municipal
La actuación es el resultado de un expediente administrativo abierto tras varias denuncias vecinales por las molestias generadas por el establecimiento. Los residentes alertaron de que los clientes consumían bebidas alcohólicas en el exterior del local mientras se desarrollaban sesiones de música y karaoke, una situación que, según las quejas, invadía la vía pública e impedía el descanso de los vecinos.
Durante la tramitación del expediente, el Ayuntamiento concedió audiencia a la titular del negocio para que presentara las alegaciones y la documentación requerida. Paralelamente, se ordenó como medida provisional el cese inmediato de la música, así como la retirada de las mesas y sillas instaladas en la terraza y sobre la acera.
Sin autorización para la actividad desarrollada
Entre la documentación solicitada figuraban la autorización municipal para ocupar la vía pública con mobiliario y un proyecto técnico que acreditara el aislamiento acústico necesario para instalar equipos de sonido.
Según el Ayuntamiento, el establecimiento carecía además de autorización para ejercer como bar con música o pub, actividad que, de acuerdo con las actuaciones municipales, venía desarrollando de forma habitual. Las alegaciones presentadas por la propietaria fueron desestimadas al no aportar la documentación exigida.
Incumplimiento de las medidas cautelares
Una inspección realizada por la Policía Local el 20 de junio comprobó que las medidas provisionales impuestas no habían sido cumplidas. Los agentes volvieron a ordenar la retirada del mobiliario instalado en la vía pública, un requerimiento que tampoco fue atendido.
Ante esta situación, el Ayuntamiento remitió diligencias al Juzgado por un presunto delito de desobediencia a la autoridad y, posteriormente, dictó un nuevo decreto que dio lugar al operativo policial del 10 de julio.
Precinto del local y posible infracción en videovigilancia
Durante la intervención, los agentes procedieron al precinto del establecimiento, colocaron los correspondientes carteles informativos y retiraron las mesas y sillas que ocupaban el espacio público.
Además, comprobaron la existencia de cámaras de videovigilancia que enfocaban no solo el interior del local, sino también el acceso y parte de la vía pública. Por este motivo, el Ayuntamiento ha anunciado que trasladará los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos, que deberá determinar si se ha producido alguna infracción de la normativa vigente.
El consistorio sostiene que la clausura responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la legalidad, proteger la convivencia vecinal y preservar la seguridad de las personas.
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