Nueve acusados de formar una banda que traficaba con cocaína en Tenerife han aceptado penas de cárcel de hasta siete años y medio, en el caso de los tres presuntos cabecillas, y para el resto, de seis años y medio, frente a los nueve que pedía inicialmente la Fiscalía para todos.

Además, han aceptado el pago de 60 millones cada uno de los tres principales acusados, y de 8,5 millones los seis restantes en el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Tres dirigentes

La Brigada de la Comisaría Provincial recibió informaciones sobre que los tres dirigentes de la banda llevaban a cabo la recepción, almacenamiento y posterior distribución de cocaína que introducían en la isla en grandes cantidades desde Sudamérica. Uno de los procesados contactaba con los proveedores en el punto de origen y coordinaba los contactos para su introducción en el mercado negro, para lo que se servían del tercer cabecilla.

De las investigaciones policiales se confirmó que dos de ellos viajaban juntos o separados por distintas provincias de la Península, hospedándose en los mismos hoteles en los que se reunían para llevar a cabo sus actividades. Finalmente se comprobó que todos ellos se dedicaban a la periódica introducción en Tenerife de esta sustancia estupefaciente y a continuación eran ayudados por los demás miembros de la banda.

Vivienda alquilada

En una vivienda alquilada se introdujeron un total de 844 kilos conducidos y descargados por todos ellos, uno de los cuales actuó también como intermediario para la compra de otros 100 kilos, operación en la que participaron los nueve repartiéndose las distintas tareas de una u otra forma.

Agentes de la autoridad interceptaron los vehículos donde se encontraba la cocaína junto con varios teléfonos móviles y unos 200 euros, y a partir de aquí se registró una vivienda en la que se encontraron 342 kilos de droga con una pureza del 86%, 399 con un 83% y otros dos kilos con un 86%.

En otra de las casas se halló sustancia para cortar y preparar la droga y en las demás teléfonos, medicamentos, unos 14.000 euros y cartuchos de armas. Desde aquel momento los nueve procesados se encuentran en situación de prisión provisional hasta el juicio de hoy en el que ya han sido condenados en firme.