La salida del Cabildo de Tenerife del accionariado de la empresa Bodegas Insulares de Tenerife ya es oficial. En el último pleno de la institución se aprobó la enajenación de la totalidad de las acciones del cabildo en la sociedad, que ha culminado con su publicación en el boletín oficial. El acuerdo contempla la amortización de las 2.015 acciones de clase A propiedad del Cabildo y la devolución de 780.515,13 euros.
Bodegas Insulares de Tenerife se constituyó el 7 de agosto de 1992 como una sociedad de economía mixta, con participación del Cabildo, viticultores de la zona y otros ayuntamientos de la isla. Su objeto era la elaboración de vinos a partir de uva procedente de viñedos amparados por la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo. El Cabildo llegó a disponer de 2.015 acciones, equivalentes al 45,66% del capital social.
La relación entre ambas entidades se extendió también a la gestión de las instalaciones de la Bodega Insular de Tacoronte, propiedad del Cabildo. En 1994 se formalizó un contrato administrativo para la elaboración, embotellado y venta del vino de la comarca vitivinícola de Tacoronte-Acentejo, mediante el cual se cedieron a BITSA las instalaciones, maquinaria y equipamientos necesarios para desarrollar la actividad.
Misión cumplida
Según el expediente, la intervención pública respondió inicialmente a la necesidad de evitar la desaparición de la viticultura en la comarca. Entre los objetivos se encontraban fortalecer la estructura del sector, concentrar la demanda de uva, garantizar su adquisición a precios establecidos mediante contrato, ampliar la oferta de vinos y proteger al consumidor frente al fraude y la comercialización de vino a granel.
El informe técnico elaborado en mayo de 2025 considera que esas circunstancias han cambiado. El documento señala la consolidación del sector vitivinícola comarcal e insular, el aumento de operadores y bodegas privadas y la profesionalización del tejido empresarial dedicado a la producción de uva, elaboración y comercialización del vino. También destaca la existencia de una infraestructura comercial y de distribución consolidada y el incremento de la notoriedad de los vinos de Tenerife.
A partir de este diagnóstico, el Servicio Técnico concluye que la actividad desarrollada por Bodegas Insulares durante más de 30 años ha contribuido al desarrollo y consolidación del sector, hasta generar un tejido productivo que considera competitivo y sostenible. Por ello, entiende que ha decaído la necesidad pública que justificó la intervención del Cabildo y que el sector puede funcionar bajo parámetros de libre competencia.
Amortización de las acciones
La salida del Cabildo se materializa mediante una reducción de capital de BITSA y la amortización de las 2.015 acciones de clase A que pertenecían a la Corporación. La Junta General Extraordinaria de la sociedad aprobó esta operación el 2 de diciembre de 2025 por unanimidad. Las acciones, con un valor nominal de 120 euros cada una, fueron amortizadas con una devolución al Cabildo de 267 euros por acción, con cargo a la prima de emisión y a las reservas voluntarias. La reducción de capital ascendió a 242.207 euros, mientras que la cantidad total devuelta al Cabildo fue de 780.5153 euros.
El expediente señala que el criterio utilizado para determinar el valor de las acciones tiene en cuenta el valor patrimonial de la sociedad conforme a sus últimas cuentas aprobadas, correspondientes al ejercicio 2024. El documento recuerda además que este método ya había sido utilizado anteriormente en una reducción de capital de BITSA.
La operación societaria fue elevada a escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil de Tenerife el 29 de mayo de 2026. El propio expediente señala que, desde ese momento, el Cabildo ya no era propietario de ninguna participación en Bodegas Insulares, aunque quedaba pendiente la conclusión formal del expediente administrativo.
Intercambio de propiedades con BITSA
La salida del accionariado se enmarca en una operación más amplia de reorganización de la relación entre el Cabildo y Bodegas Insulares. El Consejo de Gobierno Insular acordó el 23 de diciembre de 2025 permutar una finca propiedad del Cabildo, la número 24.843 del Registro de la Propiedad de Tacoronte, por dos fincas propiedad de BITSA: las registrales 20.954 de Icod de los Vinos y 10.000 de Guía de Isora. La operación estaba condicionada a la cancelación de las cargas, gravámenes y condiciones resolutorias existentes sobre las propiedades de la sociedad.
El expediente explica que estas operaciones forman parte de una estrategia más amplia que persigue, por un lado, el cese de la actividad económica desarrollada por el Cabildo desde 1994 y, por otro, que la Corporación pueda disponer de determinados espacios de interés para el ejercicio de sus competencias, mientras que BITSA pueda contar con la propiedad de las instalaciones donde desarrolla su actividad.
Estructura accionarial diferente
La salida del Cabildo supone también una modificación de la estructura de capital de la sociedad. Las 2.015 acciones de clase A son amortizadas y el capital queda fijado en 288.245,40 euros, dividido en 2.398 acciones nominativas de clase B, con un valor nominal de 120,20242 euros cada una.
Estas acciones pueden estar en manos de los ayuntamientos de las zonas amparadas por las denominaciones de origen de Tenerife, así como de personas físicas o jurídicas que tengan inscritas sus viñas en los registros correspondientes y de entidades que representen sus intereses.
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