La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, cargó este lunes contra la gestión del Gobierno de España en el operativo del crucero MV Hondius y acusó al Ejecutivo central de haber actuado “con soberbia, sin diálogo y tomando decisiones políticas no avaladas por ningún documento". La presidenta insular aseguró además que el desembarco del buque "se podría haber realizado el domingo" y advirtió de que cada día que pasa "pone más en riesgo a la población de Tenerife".
Dávila afirmó que desde el primer momento "la prioridad del Cabildo ha sido la seguridad de los tinerfeños” y que en la isla no aceptan “decisiones impuestas en un despacho de Madrid”. Así lo manifestó durante una rueda de prensa, en la que insistió en que el Cabildo "trasladó desde el inicio al Gobierno de España su rechazo al fondeo en el puerto de Granadilla" por considerar que no existían "las máximas garantías de seguridad" para la población tinerfeña.
Aseguró que en esta gestión "ha habido muchas sombras con consecuencias que ya estamos empezando a ver" y consideró que "esto no va a quedar así, que vamos a seguir, desafortunadamente, viendo cómo este brote va a seguir expandiéndose, y que nosotros, después de la experiencia del covid, lo que exigíamos eran las máximas garantías de seguridad, no solamente para los pasajeros, que es lo que ha primado en este operativo, sino también para quienes vivimos aquí".
Actuación "unilateral"
Durante su intervención, la presidenta del Cabildo acusó al Gobierno de España de actuar "de manera unilateral y sin coordinación" con las autoridades canarias pese a la "altísima mortalidad asociada al virus".
Según relató "la primera de las mentiras" se produjo cuando, "tras una reunión con el Ejecutivo autonómico, se comunicó inicialmente que el buque continuaría rumbo a Países Bajos", dijo. Sin embargo, señaló que posteriormente el Gobierno de España "habría decidido junto a la Organización Mundial de la Salud modificar el operativo y trasladar el barco a aguas canarias sin informar previamente ni al Gobierno regional ni al Cabildo". Dávila criticó además la autorización final para el atraque en Tenerife y que Canarias "ha sido víctima de un Gobierno soberbio que ha dejado al margen a las autoridades canarias".
Falta de información y documentación
La presidenta insular insistió en que durante toda la crisis ha existido “falta de información y de documentación” por parte del Ejecutivo estatal. “Primero dijeron que todos los pasajeros eran asintomáticos y hoy ya vemos que hay casos sospechosos e incluso positivos”, afirmó. En este sentido, sostuvo que las autoridades estatales defendieron "que no existían otras alternativas posibles para gestionar el operativo", aunque subrayó que “epidemiólogos han confirmado que no se hicieron PCR previamente y que sí se podrían haber realizado”.
También cuestionó la gestión de los vuelos de repatriación, y afirmó que las aeronaves salieron “por debajo de su capacidad”, lo que habría "permitido evacuar antes a más pasajeros, incluidos los australianos". Aseguró que esa alternativa "fue desechada sin ningún argumento basado en razones de protocolos de seguridad sanitaria" porque solo "querían quedar bien con estos países que venían a recoger y a repatriar a sus ciudadanos".
Exigencia de transparencia
Rosa Dávila defendió que Tenerife "es un pueblo solidario" y negó que Canarias haya actuado con insolidaridad. “No hemos rechazado a nadie”, afirmó, asegurando que desde las instituciones de loas Islas "únicamente se reclamaba que el operativo se desarrollara bien y con seguridad". Entre las exigencias trasladadas al Gobierno central, enumeró "la entrega de informes técnicos que justificaran que Tenerife era el mejor lugar para realizar el desembarco, la realización previa de pruebas PCR a los pasajeros y limitar al máximo la permanencia del barco en aguas tinerfeñas".
Según sostuvo, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Mónica García y Ángel Víctor Torres “no dieron ninguna de esas garantías” y terminaron “alargando de forma innecesaria la estancia del barco” en Tenerife. Por último, también se refirió a la negativa inicial del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "a autorizar el fondeo del buque" y aseguró que "la llegada del barco se produjo arrebatando las competencias de la autoridad portuaria unilateralmente", al tiempo que criticó "que la Marina Mercante autorizara finalmente el operativo sin tener las garantías que exigían las autoridades canarias”.