El Cabildo de Tenerife ha propuesto imponer a Aqualia sanciones que suman 5.400 euros por los incumplimientos detectados tras el derrame de cloruro férrico ocurrido el pasado 26 de septiembre en la depuradora de Punta Brava, en el Valle de La Orotava. La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, detalló este viernes en el pleno los resultados de las actuaciones técnicas desarrolladas para esclarecer lo sucedido y las deficiencias atribuidas a la empresa concesionaria.
Las penalidades propuestas ascienden a 1.800 euros por cada incumplimiento, relacionado con el control de acceso a las instalaciones, la contención y gestión del derrame y la falta de comunicación de la incidencia a los responsables del contrato. La propuesta se fundamenta en la valoración técnica de la documentación recabada y en las obligaciones establecidas en el contrato.
Uno de los aspectos señalados por Pérez es que el Cabildo no recibió una comunicación directa de Aqualia sobre lo ocurrido. La consejera explicó que tuvo conocimiento del incidente a través de Bomberos de Tenerife y que, a partir de esa información, contactó con los responsables correspondientes para activar las comprobaciones necesarias. Según indicó, ni el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) ni BALTEN habían trasladado inicialmente la incidencia.
El agua de limpieza llegó a la red de pluviales
El derrame se produjo en el circuito de dosificación de cloruro férrico del tratamiento terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Comarcal del Valle de La Orotava. Según los antecedentes conocidos del suceso, la fuga habría alcanzado aproximadamente los 1.000 litros de disolución, formada por el reactivo químico y agua.
La inspección realizada tras el incidente permitió localizar restos compatibles con el producto en la instalación. Además, los técnicos constataron que parte del agua utilizada durante las tareas de limpieza había discurrido hasta un imbornal de la red de pluviales. Esta circunstancia forma parte de las deficiencias examinadas en relación con la contención y gestión del derrame. La valoración técnica apunta a que las medidas adoptadas no fueron suficientes para evitar que el agua empleada en la limpieza llegara al sistema de drenaje.
No obstante, durante la inspección inicial no se observaron afecciones a la conducción de alivio ni al emisario submarino. Esta conclusión queda supeditada a las verificaciones posteriores que pudieran resultar necesarias.
La investigación también examina el control de acceso
El segundo ámbito de análisis está relacionado con las condiciones de acceso a la planta y la posible entrada de personas sin autorización. El Cabildo ha incluido las deficiencias detectadas en este apartado entre los incumplimientos contractuales que sustentan la propuesta de penalidades.
Las circunstancias en las que se produjo el derrame también han dado lugar a actuaciones para esclarecer si la avería estuvo relacionada con una intervención previa en la conducción afectada. Aqualia había realizado trabajos en esa tubería durante la mañana del 26 de septiembre y posteriormente denunció los hechos para que se investigara la posibilidad de una actuación intencionada.
En este contexto, Pérez ha diferenciado la vía judicial de la información reservada abierta por la corporación insular y del procedimiento relativo a los incumplimientos del contrato. La propuesta de penalidades responde a la gestión de la incidencia por parte de la concesionaria y no determina por sí misma las causas definitivas de la fuga.
Requerimientos a Aqualia y traslado a otras administraciones
Tras conocer lo sucedido, el Cabildo inició una recopilación de antecedentes e inspeccionó las instalaciones para analizar el circuito afectado, el drenaje, los controles de acceso y la cadena de comunicaciones. También requirió a Aqualia el expediente completo, con información sobre la cronología del suceso, las causas del derrame, el producto implicado, las actuaciones de limpieza y las medidas correctoras y preventivas adoptadas.
La documentación aportada por la empresa fue examinada por los servicios técnicos del Consejo Insular de Aguas, que formularon la propuesta de incoación del expediente por los tres incumplimientos diferenciados.
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