El Cabildo de Tenerife ha rechazado la publicación en abierto y en tiempo real de algunos datos de vigilancia volcánica en la isla que gestiona el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), una decisión que ha desatado críticas por parte de la asociación Tierra Bonita, que acusa a la institución de incumplir compromisos de transparencia.

La negativa se formaliza en una resolución de la Consejería de Innovación que remite al portal de transparencia de INVOLCAN y concluye que “no procede publicar en abierto la totalidad de los datos crudos”, al considerar que están sujetos a limitaciones legales y técnicas.

Choque con el acuerdo del Cabildo

La denuncia de Tierra Bonita surge tras el acuerdo institucional aprobado por unanimidad el pasado marzo, en el que el propio Cabildo se comprometía a “primar la transparencia y el acceso a los datos en tiempo real a la población” en relación con la actividad volcánica.

Ese compromiso formaba parte de un paquete de medidas preventivas ante el riesgo volcánico, impulsado tras las recomendaciones de colectivos de afectados por la erupción de La Palma, que reclamaban mejorar la información pública y la preparación ciudadana.

Los límites legales y científicos

Sin embargo, la resolución por la que se niega la información en tiempo real se apoya en un informe de INVOLCAN que dice que los datos solicitados son considerados “resultados científicos primarios” vinculados a proyectos de investigación, sujetos a condiciones de confidencialidad, explotación y periodos de embargo científico.

Además, el organismo argumenta que la difusión de datos sin procesar puede generar interpretaciones erróneas o alarma social, y recuerda que la emisión de alertas oficiales no corresponde a INVOLCAN, sino a los órganos de protección civil.

En una nota de prensa difundida por Tierra Bonita, la organización denuncia que el Cabildo “secuestra” información pública y vulnera su propio acuerdo plenario. El documento aprobado por el Cabildo recogía, entre sus medidas, el compromiso de mantener una “comunicación clara, periódica y rigurosa” sobre la actividad volcánica, así como de “primar la transparencia y el acceso a los datos en tiempo real a la población”, aunque no especificaba que los datos entregados tuviesen que ser los brutos.