El Gobierno de Canarias ha omitido comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica el desarrollo de una granja marina de grandes dimensiones que se ubicará en el sur de la isla de Tenerife, afectando a una Zona de Especial Conservación (ZEC). Este espacio es de gestión estatal y el Ministerio debe elaborar un informe preceptivo cuando se ve afectado por cualquier iniciativa. Sin embargo, en este caso, dicho trámite no se llevó a cabo.
El propio Ministerio ha confirmado a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) que la Consejería no solicitó el informe de afección a la zona. De hecho, el departamento estatal solo tuvo conocimiento del proyecto a raíz de la oposición manifestada por el Ayuntamiento de Adeje el pasado 22 de abril.
El Ministerio desconocía el proyecto
A través de una solicitud de información presentada por el colectivo, la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio ha afirmado que «no se tiene constancia de solicitud alguna de informe de afección por parte de la Consejería» en relación con la macrogranja que la propia Consejería sometió a concurso público.
La Dirección General de Pesca adjudicó a la empresa Socat Canarias una concesión acuícola en la Zona de Interés Acuícola ZIA-TF-5, entre la Playa del Veril y la Playa de Troya, en el litoral del municipio de Adeje, tras someterla a concurso. La intención es instalar 24 jaulas de 25 metros de diámetro, organizadas en dos entramados permanentes de 100 por 600 metros, sobre una superficie de 45 hectáreas de fondo marino.
Casi medio millón de metros cuadrados
En total, se ha solicitado la ocupación de 458.980 metros cuadrados de dominio marítimo, según la información recogida en el proyecto. La cuestión que denuncia ATAN es que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha omitido que esta granja marina se encuentra dentro de una Zona de Especial Conservación.
«Hasta esa fecha, la Consejería había tramitado el concurso público, seleccionado al adjudicatario y sometido el proyecto a información pública sin solicitar en ningún momento el informe de afección legalmente exigido», denuncia ATAN en un comunicado.
Obligaciones legales para proyectos en una ZEC
En la orden por la que se aprueba la ordenación detallada de la Zona de Interés Acuícola en la que se pretende ubicar la granja ya se recogía que, cuando un proyecto se sitúa dentro de los límites de una ZEC, se «requerirá informe previo favorable del órgano de gestión de dichos espacios protegidos».
El colectivo recuerda además que la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley de Evaluación Ambiental establecen que cualquier iniciativa que afecte a una ZEC «debe someterse a una evaluación adecuada de sus repercusiones, y el órgano competente para autorizarla solo puede dar su conformidad tras cerciorarse de que no causará perjuicio a la integridad del espacio». «Nada de esto se hizo», reprochan.
Alegaciones y denuncia de irregularidades
ATAN ha presentado alegaciones al proyecto denunciando que «no consta entre la documentación facilitada la preceptiva evaluación de impacto ambiental; y el proyecto técnico tampoco incluye este apartado entre su contenido, por lo que el procedimiento está viciado de nulidad al prescindir de un trámite esencial». A juicio del colectivo, esta circunstancia determina su «nulidad de pleno derecho».
La organización también ha manifestado que la documentación facilitada durante el proceso de información pública estaba incompleta y parcialmente censurada. Además, denuncia que el firmante del proyecto es un ingeniero naval.
Este medio de comunicación ha preguntado a la Consejería por las afirmaciones realizadas por ATAN y respaldadas por la documentación remitida por el propio Ministerio en respuesta a las solicitudes de información, sin una valoración al respecto en el momento de publicación de este artículo.