La Comisión Autonómica de Informe Único ha emitido un informe desfavorable a la propuesta del Cabildo de Tenerife para modificar el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) con el objetivo de ordenar urbanísticamente los terrenos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) en Granadilla de Abona. La Comisión ha detectado numerosas deficiencias jurídicas, territoriales y urbanísticas en el documento presentado por el Cabildo y reclama que se subsanen.
Las discrepancias radican en una modificación que promueve el Cabildo para reconocer al ITER como un equipamiento estructurante de interés supramunicipal e incorporar su ordenación directamente al PIOT, sustituyendo en la práctica el marco urbanístico vigente derivado del Plan Especial de 2003.
Una modificación no "menor"
Uno de los aspectos más relevantes del informe es que los servicios técnicos autonómicos cuestionan la naturaleza misma del expediente. El Cabildo ha tramitado la iniciativa como una modificación menor del PIOT, pero el informe considera que los cambios planteados podrían afectar al modelo territorial de la Plataforma Logística del Sur, una de las Operaciones Singulares Estructurantes previstas por el planeamiento insular.
Según el informe, la propuesta no solo incorpora al ITER como equipamiento estructurante, sino que modifica varios artículos del PIOT para permitir que determinadas áreas de la Plataforma Logística del Sur puedan ordenarse directamente mediante modificaciones del propio plan insular, sin necesidad de esperar a la aprobación de un Plan Territorial Parcial.
El informe concluye que esta alteración afecta a la forma de implantación y desarrollo de toda la operación territorial y, por tanto, supone una reconsideración del modelo de ordenación insular, por lo que debería tramitarse como una modificación sustancial y no como una simple modificación menor.
Sin ordenar la energía
Las deficiencias no se quedan ahí. La Dirección General de Energía reprocha que la modificación omita una ordenación específica de los parques eólicos y plantas fotovoltaicas existentes en el recinto. Para este departamento resulta contradictorio que una modificación destinada a ordenar el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables no defina adecuadamente el encaje de estas instalaciones, especialmente cuando deben contemplarse escenarios de mantenimiento, ampliación o repotenciación.
La Dirección General de Energía concluye que la ordenación debe analizar expresamente estas infraestructuras y determinar su mantenimiento, ampliación, repotenciación o eventual desmantelamiento al final de su vida útil.
Deficiencias documentales y jurídicas
La Comisión también detecta incumplimientos formales en la documentación presentada, como la ausencia de un resumen ejecutivo y de un documento resumen no técnico, ambos exigidos por la normativa urbanística y ambiental.
Además, los informes cuestionan que el Cabildo haya justificado adecuadamente por qué ha elegido una modificación del PIOT como instrumento para ordenar el ámbito del ITER, en lugar de recurrir a otras figuras de planeamiento territorial existentes.
Los técnicos autonómicos también solicitan eliminar referencias a normas e instrumentos ya derogados o anulados judicialmente, como el Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística del Sur.
Dudas sobre la ordenación urbanística propuesta
Otra cuestión planteada afecta a la ordenación urbanística. La Comisión señala que no se justifican adecuadamente determinados parámetros urbanísticos, ni se completan algunos contenidos exigidos para la ordenación pormenorizada del ámbito.
Asimismo, se reclama completar la regulación de aspectos esenciales como las servidumbres aeronáuticas, los retranqueos mínimos de las edificaciones o las condiciones aplicables en zonas sometidas a protección ambiental y protección costera.
Problemas con los límites del ámbito y los suelos protegidos
La Comisión también exige aclarar la delimitación exacta de los terrenos afectados. Los informes advierten de interferencias entre parte de la propiedad del ITER y el Monumento Natural de Montaña Pelada, lo que obliga a redefinir con precisión el ámbito de actuación.
Además, se detectan contradicciones en la clasificación del suelo, especialmente en relación con terrenos próximos a la costa y con áreas afectadas por el dominio público marítimo-terrestre.
Replantear las alternativas estudiadas
Otro de los puntos cuestionados es el análisis de alternativas. Según el informe, las opciones planteadas por el Cabildo son insuficientes porque, en la práctica, comparan la situación actual con la propia propuesta de modificación, sin estudiar verdaderas alternativas de ordenación territorial. Por ello, se plantea la necesidad de redefinir el ámbito y reformular las alternativas evaluadas.
El acuerdo no supone el archivo definitivo del proyecto, pero sí obliga a corregir las deficiencias detectadas antes de que pueda alcanzarse la aprobación definitiva. La Comisión ha ordenado trasladar al Cabildo de Tenerife todas las observaciones sectoriales, técnicas y jurídicas detectadas para que sean corregidas o subsanadas con carácter previo a cualquier aprobación definitiva.