Intersindical Canaria ha exigido este lunes la inmediata apertura del nuevo servicio de urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife. Según la organización sindical, el retraso en la puesta en marcha de estas instalaciones es “injustificado” y representa una muestra más del bloqueo que sufre el sistema sanitario público en las Islas, lastrado por una gestión “repetidamente errática”.
En un comunicado, el sindicato remarca que el colapso de las urgencias en Canarias responde a un problema estructural: el crecimiento poblacional de las últimas décadas no ha venido acompañado de un aumento proporcional de camas, recursos humanos o infraestructuras sanitarias. En el caso de Tenerife, subrayan, la situación es especialmente grave por la sobrecarga asistencial, la precariedad laboral y la inseguridad jurídica que sufren los profesionales, a lo que se suma el parón en la apertura del nuevo espacio de urgencias de La Candelaria.
Sin fecha de apertura
Una obra adjudicada en 2019 por 4 millones de euros y sin fecha de apertura seis años después, cuando se había anunciado que estaría operativa a finales de 2023. Para Intersindical, su puesta en funcionamiento es urgente porque “dignificaría la atención” a pacientes y permitiría activar un verdadero plan de contingencias para toda la isla, evitando que la atención sanitaria dependa del área de salud asignada por domicilio.
El sindicato denuncia que los actuales espacios están completamente saturados: la sala de espera se ubica en contenedores, con graves carencias de espacio y ventilación, y en la zona asistencial los pacientes se agolpan en camillas sin privacidad ni condiciones adecuadas para recibir cuidados básicos.
Atención digna
La apertura de las nuevas urgencias sigue pendiente de la instalación de una depuradora de aguas residuales y de una pasarela de conexión con el edificio principal, aunque se desconocen las razones del retraso en estos elementos clave. Para el sindicato, si la obra no puede ser finalizada por la empresa adjudicataria, debe ser asumida por la administración sanitaria y culminada de inmediato.
“Lo que está en juego es la atención digna a miles de pacientes y las condiciones laborales del personal sanitario, que sigue haciendo frente a un sistema desbordado”, concluye el comunicado.
