Según el Ayuntamiento de Adeje, lo que comenzó como ocupaciones puntuales ha derivado en una realidad mucho más compleja. Los asentamientos detectados en esta zona del sur de Tenerife han evolucionado hacia fórmulas de segunda residencia y, en algunos casos, hacia el alquiler vacacional o estancias prolongadas de carácter irregular, según ha constatado el propio Ayuntamiento.

Este cambio en el uso de los espacios ha sido uno de los principales asuntos abordados en la reunión celebrada el pasado 18 de junio, en la que participaron el equipo de gobierno municipal, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. El encuentro, impulsado por el área de Seguridad que dirige Mercedes Vargas, sirvió para coordinar una respuesta ante un fenómeno que se concentra en zonas como El Valito, Llano Negro, Las Moreras, El Puertito y La Caleta.

Riesgo para la salud y el entorno

Desde el consistorio advierten de que la situación se ha deteriorado en los últimos meses, puesto que la acumulación de residuos, los vertidos de aguas residuales al mar, la proliferación de plagas y el riesgo de incendios dibujan un escenario que trasciende lo urbanístico y entra de lleno en el ámbito de la salud pública y la protección del entorno natural.

En este contexto, en el transcurso del mencionado encuentro, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural recordó que su actuación se centra en expedientes individuales por infracciones urbanísticas, mientras que la intervención sobre núcleos completos corresponde al Ayuntamiento. 

No obstante, trasladó que existe base jurídica suficiente para actuar contra los propietarios de los terrenos, especialmente por la acumulación de residuos, y ofreció colaboración en las zonas de servidumbre marítimo-terrestre.

Apertura de expedientes

El Ayuntamiento, por su parte, ya trabaja en la apertura de expedientes individualizados por cada vivienda detectada, conforme a la Ley del Suelo, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica del proceso. Aunque la tramitación será caso a caso, las actuaciones podrían ejecutarse de forma simultánea en coordinación con otras administraciones.

El perfil de quienes ocupan estos asentamientos también ha centrado parte del análisis. Según el concejal de Presidencia y Urbanismo, Manuel Luis Méndez, la mayoría de los casos no responde a situaciones de necesidad habitacional, sino a segundas residencias o formas de vida alternativas. En este sentido, el Ayuntamiento toma como referencia la actuación desarrollada en Diego Hernández, donde el trabajo previo permitió reducir la presencia en la zona antes del desalojo.

Notificación e identificación

Desde el área de Bienestar Comunitario, la concejala Raquel Rodríguez apuntó que el consistorio tiene identificadas a las personas residentes en estos espacios y que solo una minoría se encuentra en situación de vulnerabilidad o requiere seguimiento por parte de los servicios sociales.

Como resultado del encuentro, las administraciones acordaron coordinar los procesos de notificación e identificación y establecer canales de comunicación directa para agilizar la intervención. El objetivo es definir una hoja de ruta común que permita actuar con garantías jurídicas ante un fenómeno que ya no responde a un patrón único y que sigue creciendo en el municipio.