El Cabildo de Tenerife ha exigido este domingo que se esclarezca cuanto antes por qué se produjo un derrame en el colector de Punta Brava (Puerto de La Cruz).
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) ha iniciado el expediente de investigación a la empresa Aqualia como responsable de la operación y mantenimiento de la planta, tanto la depuración como la regeneración, y todo ello de acuerdo al artículo 17 del Reglamento Sancionador en Materia de Aguas para determinar el origen del derrame, la cantidad de producto liberada, las circunstancias del incidente y su posible destino.
Debe confirmarse si el producto alcanzó la red de pluviales y, eventualmente, el mar. "En este momento existen versiones contradictorias al respecto, por lo que el CIATF no anticipará conclusiones hasta disponer de los resultados de las inspecciones, las muestras y las investigaciones de los organismos competentes", recoge el comunicado.
"Especialmente grave"
La institución insular considera "especialmente grave" cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de una instalación de Balten de estas características o tener consecuencias sobre el medio ambiente y reclama que se conozcan cuanto antes las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente. Asimismo, se quiere trasladar un mensaje de máxima transparencia, rigor y firmeza.
La Policía Local de Puerto de la Cruz ha inspeccionado las instalaciones. Asimismo, se constata que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se han personado para investigar lo ocurrido.
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife, por su parte, ha requerido a la empresa responsable de la explotación -Aqualia- que aporte toda la información sobre el incidente, las medidas adoptadas y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, mantenimiento y protección ambiental.
Líneas de investigación
Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de que la rotura de la conducción haya sido intencionada. La empresa gestora ha planteado la hipótesis de un posible sabotaje, según recogen los medios de comunicación local.
El Cabildo asegura que no descarta ninguna línea de investigación y que no va a asumir conclusiones hasta que se conozcan todos los hechos. El expediente permanecerá abierto hasta determinar qué ocurrió, si se cumplieron los protocolos establecidos y qué responsabilidades, en su caso, corresponden.
"La empresa responsable -Aqualia- debe garantizar el funcionamiento seguro de la instalación y el cumplimiento estricto de todas sus obligaciones. Si se acredita cualquier incumplimiento, el Cabildo exigirá todas las responsabilidades pertinentes y la adopción de las medidas correctoras y preventivas que sean necesarias", concluye el texto.
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