El Gobierno de Canarias ha regularizado la tramitación del convenio para construir la estación de bombeo de aguas residuales de San Blas y conectarla con la depuradora comarcal del Valle de Güímar, una actuación presupuestada en más de 8,38 millones de euros. El acuerdo, se firmó el 16 de marzo de 2026 pero sin fiscalización previa de la Intervención ni autorización del Ejecutivo autonómico, pero ha sido ahora convalidado por el Consejo de Gobierno.
El convenio fue suscrito entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, el Cabildo de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento de Candelaria con la finalidad de coordinar la disponibilidad de los terrenos, la licitación y la ejecución de unas obras que afectan a los municipios de Candelaria y Arafo.
El proyecto pretende trasladar las aguas residuales del litoral urbano de Candelaria hasta la depuradora comarcal del Valle de Güímar. Según recoge el propio convenio, el crecimiento poblacional había superado la capacidad del sistema municipal de saneamiento para responder a las exigencias normativas. Además, las aglomeraciones urbanas afectadas estaban incluidas en un procedimiento de infracción de la Unión Europea por incumplimientos en el tratamiento de aguas residuales.
Los servicios jurídicos advirtieron de la falta de autorización
Una de las principales irregularidades detectadas afecta a la ausencia de autorización previa del Gobierno de Canarias para formalizar el convenio. Esta exigencia ya había sido advertida por la Viceconsejería de Servicios Jurídicos en un informe fechado el 29 de julio de 2025, varios meses antes de que se produjera la firma.
La falta de fiscalización previa salió a la luz el 23 de junio de 2026, cuando la Intervención General examinó el expediente de contratación de las obras. Aunque el Ejecutivo atribuye la omisión a un error, el informe de la Intervención Delegada del 7 de septiembre señala que el órgano gestor no había explicado las circunstancias que llevaron a prescindir de este control. El documento también constata que la tramitación del convenio incumplió los preceptos que obligaban a someterlo a fiscalización previa y a obtener la correspondiente autorización gubernamental.
Detectan errores en las cuentas del convenio
La revisión del expediente también puso de manifiesto varias deficiencias económicas. Entre ellas, una discrepancia entre el importe total recogido en el convenio y la suma de las anualidades previstas, así como la ausencia de una cuantificación del coste correspondiente a la dirección de las obras. En concreto, el anexo económico establece una financiación para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 que asciende a 8.384.906,06 euros, una cantidad ocho céntimos inferior a la suma de las tres anualidades.
La Intervención advirtió, además, de que el Gobierno había autorizado el 1 de junio el gasto plurianual para ejecutar las obras, pero no había incluido la partida correspondiente a la dirección de los trabajos. Para corregir estas deficiencias, el expediente incorporó una propuesta de adenda destinada a ajustar los importes, adecuar las anualidades a las cantidades autorizadas e incluir el coste de la dirección de obra. No obstante, la documentación aportada no recoge la adenda ya firmada.
Las irregularidades no anulan el convenio
Pese a las deficiencias detectadas, la Intervención Delegada concluyó que estas no constituían causas determinantes de nulidad del convenio, por lo que descartó la necesidad de revisar los actos administrativos dictados hasta ese momento. Sin embargo, exigió formalizar la correspondiente adenda y elevar el expediente al Consejo de Gobierno para resolver tanto la omisión de fiscalización como la falta de autorización previa.
Durante la revisión también se aportó documentación que acreditaba la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar la actuación, así como una justificación de que no se habían realizado prestaciones con cargo al convenio. Finalmente, el acuerdo adoptado el 30 de octubre de 2026 permite dar por subsanada la omisión de fiscalización, autoriza el convenio y convalida la ausencia de autorización previa del Ejecutivo. El Gobierno de Canarias también ha dispuesto que se dé cuenta de esta decisión al Parlamento autonómico.
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