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Imagen de un médico. / CANVA

La Diputación del Común admite una queja por la situación de los médicos residentes del Hospital Universitario de Canarias

La institución iniciará actuaciones ante el Servicio Canario de la Salud, la Dirección de Área de Tenerife y la Gerencia del HUC para recabar información sobre las reclamaciones de la Asociación MIR España

La Diputación del Común ha admitido a trámite una queja presentada por la Asociación MIR España (AME Canarias) sobre la situación de los médicos residentes del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y ha anunciado que iniciará actuaciones ante los responsables sanitarios para recabar información sobre los hechos denunciados.

Según la comunicación remitida a la asociación, con registro de salida del 21 de octubre de 2026, la institución considera que la reclamación "reúne los requisitos establecidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias y en la Ley del Diputado del Común" para su tramitación.

SCS

En concreto, la Diputación del Común se dirigirá al Servicio Canario de la Salud (SCS), la Dirección de Área de Tenerife y la Dirección Gerencia del HUC, organismos ante los que AME asegura "haber presentado anteriormente" sus reclamaciones. La institución se compromete "a trasladar a la asociación la información que reciba durante la tramitación del expediente".

La asociación reclama que estas actuaciones "permitan esclarecer los hechos denunciados, conocer las medidas adoptadas por los responsables sanitarios y garantizar unas condiciones adecuadas de formación y supervisión de los residentes". También insiste en que los médicos "puedan comunicar deficiencias en su formación o condiciones laborales sin temor a represalias".

Inicio de actuaciones

La admisión a trámite no supone "un pronunciamiento sobre el fondo de la queja", sino el inicio de "actuaciones para solicitar explicaciones" a los organismos implicados. Por otra parte, la Diputación del Común aclara que "no tiene competencias para supervisar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", al tratarse de un organismo estatal, y señala que esa función "corresponde al Defensor del Pueblo".

AME ha valorado positivamente la decisión y asegura que "continuará aportando documentación y realizando un seguimiento del expediente para que las reclamaciones se traduzcan en respuestas concretas y, cuando corresponda, en medidas correctoras", concluyen. 

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