La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia (a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy) contra el exconcejal de Seguridad del Ayuntamiento de Güímar, Cándido Agustín Gómez García, por presunta prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, a raíz del pago presuntamente irregular de horas extraordinarias a agentes de la Policía Local durante los últimos meses de 2024.
En el escrito se indica que el concejal “dictó distintos decretos en el ejercicio de sus competencias delegadas en los que reconoce el pago de horas extraordinarias a miembros de la Policía Local a sabiendas de que no concurren los presupuestos necesarios para ello”.
Posibilidad de acusar a Gustavo Pérez
Añade que “los decretos vienen avalados por la firma de quien en el momento de la comisión de estos hipotéticos hechos delictivos ejercía la condición de alcalde-presidente de la Corporación Local”. Además, la propia denuncia recoge que pérez "levantó los reparos e informes desfavorables emitidos en el oportuno control de legalidad realizado por los técnicos competentes”.
Entre las diligencias solicitadas, el fiscal pide “recibir declaración, por ahora, en condición de testigo a D. Gustavo Pérez Martín, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Güímar en la fecha de los hechos”. Es decir, que el Ministerio Público no descarta ampliar la denuncia por prevaricación al exalcalde güimarero tras escuchar su declaración como testigo.
Horas normales pagadas como extras
El documento señala que, fruto de esta actuación, “la Interventora General del Ayuntamiento y otros técnicos (...) plantearon reparos e informes de oposición o desfavorables a la actuación administrativa de reconocimiento de estas horas extraordinarias”, al considerar que “se estaba acudiendo al concepto de horas extraordinarias para pagar servicios prestados por los agentes de la Policía Local beneficiados que deberían incluirse en su jornada ordinaria de trabajo”.
El Ministerio Público sostiene que “se han satisfecho horas extraordinarias en favor de los agentes de la Policía Local cuando ni siquiera habían cumplido con la jornada ordinaria”, y que se ha avalado “una práctica consolidada pero irregular (...) que de raíz era incompatible con las horas reales que como jornada ordinaria deberían realizar”.
Paz social
El fiscal subraya: “Sorprende que a través de decisiones caprichosas, probablemente ante la necesidad de conseguir una ‘paz social’ con el cuerpo policial, se parta de una premisa que es profundamente incomprensible (...)” y advierte de que “la fórmula de retorcer la legalidad vigente genera, en primer lugar, un agravio respecto del resto del personal de la Corporación Local y, lo que es peor, consolida una creencia o situación de poder que desemboca en situaciones como las que nos ocupan”.
En la denuncia se describe que “la intervención del Jefe de la Policía Local, a priori, deviene decisiva para dar forma a este fraude objeto de denuncia y la consiguiente repercusión en las arcas públicas municipales”.
Pleno conocimiento de los hechos
También se afirma que el concejal denunciado “asumió, con pleno conocimiento de los hechos descritos con anterioridad, la propuesta decisiva para que finalmente fuera aprobado el pago de estas horas extraordinarias a pesar de ser plenamente consciente del incumplimiento de las exigencias legales para ello”, destacando la propuesta de fecha 1 de febrero de 2025, que reconoció las horas extraordinarias de octubre, noviembre y diciembre de 2024, por un total de 52.231,65 euros.
Según la denuncia, “el Alcalde Presidente de la Corporación Local, en decretos de fecha 18 de febrero de 2025 y 1 de marzo de 2025, levantó los reparos e informes desfavorables emitidos en el oportuno control de legalidad realizado por los técnicos competentes”.
Perjuicio contra la administración
El fiscal aprecia “la existencia de un perjuicio económico causado a la administración municipal mediante una actuación irregular que se traduce en las resoluciones anteriormente mencionadas y que han sido dictadas apartándose conscientemente por las personas implicadas de los principios que deben presidir el correcto ejercicio de la función pública”.
Además de las declaraciones de Gómez y Pérez, la Fiscalía solicita al juzgado que tome testimonio a la secretaria general del Ayuntamiento, a la técnico de Recursos Humanos y a la interventora municipal, y que el Ayuntamiento aporte los cuadrantes de trabajo de la Policía Local e identifique “a quien venía ejerciendo la condición de Jefe de la Policía Local de Güímar en las anualidades de 2024 y 2025”.
La denuncia se firmó en Santa Cruz de Tenerife el 10 de octubre de 2025 y fue remitida al Juzgado de Instrucción Decano de Güímar, para que practique las diligencias propuestas y determine si los hechos denunciados constituyen delito.