La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide 13 años de cárcel y una indemnización de 20.000 a un cuidador de un centro de personas con discapacidad al considerarlo presunto autor de dos violaciones a una interna.

Como responsable subsidiario, la Fiscalía señala que el pago recaerá en el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), entidad con la que su empresa tenía concertado un convenio para atender a personas con trastornos de conducta y minusvalía intelectual.

Usuaria 

El escrito fiscal indica que la víctima era usuaria en régimen de alojamiento y manutención y tiene reconocida una discapacidad del 65%, ha sido diagnosticada de epilepsia y trastorno de la conducta y presenta una madurez muy inferior a su edad cronológica.

Según la Fiscalía, estas circunstancias y otras hacen a la mujer “especialmente vulnerable a situaciones de abuso o agresión y que determinan su falta de capacidad para prestar consentimiento en cuanto a relaciones sexuales”.

Conocimiento

Añade que el procesado, con conocimiento del déficit psíquico de la perjudicada por su trato diario con ella, presuntamente se aprovechó de dicha circunstancia para cometer la agresión.

Esta situación se repitió una vez más y, según la Fiscalía, como consecuencia de estos hechos, la perjudicada desarrolló sintomatología ansiosa con baja autoestima. El juicio tendrá lugar el próximo 1 de julio en la Audiencia Provincial.