El Tribunal de Cuentas ha remitido a su Fiscalía una denuncia contra la empresa pública Balsas de Tenerife (Balten), perteneciente al Cabildo tinerfeño, recibida el pasado 2 de junio para que "practique las actuaciones que estime conveniente respecto de los posibles ilícitos penales" recogidos en el escrito.
La denuncia del 2 de junio, presentada por la asociación Corrupción 0, alertó al Tribunal de Cuentas de "presuntas irregularidades relativas a la modificación extraordinaria de los precios del suministro de agua", según recoge el acuse de recibo de la misma emitido por la secretaria general del Tribunal, María Luz Martín Sanz, el pasado día 10 de junio y al que ha tenido acceso este medio.
Precios inflados
Como ya adelantó Atlántico Hoy, Balten ha estado pagando el agua a precios de emergencia hídrica desde hace meses, a pesar de que la emergencia terminó el 1 de marzo de 2026. Esto implica que durante todo este tiempo, el precio pagado por el agua habría estado inflado, y esto es lo que el Tribunal de Cuentas ha dado traslado a su Fiscalia.
Tras las intensas lluvias del invierno y la primavera, las balsas de agua de Tenerife se llenaron. Pero, en los años previos, la situación había sido dramática debido a la sequía, llegando las reservas hídricas a situarse por debajo del 15%. Por eso, en octubre de 2023 se modificaron los contratos de suministro de agua adjudicados por Balten a las empresas Elekagua y Savasa para subir los precios.
La denuncia que sustenta esta investigación, presentada por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez León en nombre de Corrupción 0, elucubraba que una de las posibles razones de esta actualización de precios podía ser evitar que las adjudicatarias se descolgasen del suministro y dejasen de prestar el servicio, derivado de un aumento de costes energéticos y de producción.
Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas
La denuncia de Pérez León alertaba de que, tras acabar la emergencia hídrica en la que se justificó el alza de precios, estos no volvieron a revisarse, incurriendo en un presunto sobrecoste injustificado y un posible perjuicio para las arcas públicas.
Ahora, el Tribunal de Cuentas, aparte de dar traslado de la denuncia a la Fiscalía, también lo ha hecho la Sección de Enjuiciamiento del propio Tribunal.