Varios grupos ecologistas y ciudadanos de la isla de Tenerife se han unido para reclamar a Costas que rechace la instalación en la costa de Guía de Isora de un proyecto de arrecifes artificiales, impulsado por Underwater Gardens International, y que va acompañado de un parque temático en tierra que se tramita aparte. Los colectivos piden a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario que deniegue la solicitud, al considerar que la actuación supone una amenaza para uno de los últimos tramos de litoral sin urbanizar del suroeste de la isla.
Desde Greenpeace y la Plataforma Salvar Punta Blanca, junto a 34 colectivos sociales, han presentado alegaciones durante el periodo de información pública del proyecto de los arrecifes artificiales, exigiendo la denegación del permiso.
Valor ecológico en riesgo
Los colectivos argumentan que la intervención se plantea en plena Zona Especial de Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca, un espacio de alto valor ecológico integrado en la Red Natura 2000, que alberga especies protegidas como el angelote, la tortuga verde o el coral negro.
Según las alegaciones, el proyecto, presentado como una actuación científica temporal de restauración marina dentro del programa Ocean Citizen, implicaría en realidad la instalación permanente de arrecifes artificiales en un fondo arenoso de gran valor, alterando hábitats sensibles sin justificar adecuadamente la necesidad de dicha intervención.
Detalles del proyecto
En concreto, lo que se tramita en Costas es la ocupación de 11.691 metros cuadrados de plataforma marina para la instalación de 86 módulos de arrecifes artificiales, distribuidos en 16 agrupamientos y un arrecife flotante, así como tres estaciones de monitorización. Todo ello se repartirá en tres zonas: somera, mesofótica y profunda. Del total solicitado, los arrecifes artificiales abarcarán 50,98 metros cúbicos.
Tanto Greenpeace como la plataforma sostienen que el proyecto no es independiente, sino parte de un macroproyecto turístico más amplio (Underwater Gardens Park Tenerife) que incluye un parque temático terrestre y marino. Este carácter no es casual, ya que la propia Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife calificó como tal la pieza terrestre, declarada además proyecto de interés insular en 2022.
Posible fraude de ley
Denuncian que la fragmentación administrativa en dos proyectos, uno terrestre y otro marino, busca eludir una evaluación ambiental conjunta, lo que podría constituir un fraude de ley. Además, advierten de que la iniciativa se financia con fondos europeos mientras persigue fines lucrativos ligados al turismo, como experiencias de buceo recreativo o “jardinería submarina”.
Las organizaciones critican también la falta de rigor científico, señalando que el proyecto contiene afirmaciones no respaldadas por estudios sólidos e incluso referencias erróneas. Asimismo, destacan que no se abordan las causas reales de la degradación ambiental y que, por el contrario, la iniciativa podría agravarlas al fomentar la afluencia masiva de visitantes en una zona ya sometida a fuerte presión turística.
Críticas al modelo turístico
En este contexto, califican la propuesta de “greenwashing”, al utilizar conceptos como restauración ecológica para encubrir un modelo de explotación del medio natural. Consideran que el objetivo real no es la conservación ni el avance científico, sino la creación de un atractivo turístico dentro de un espacio protegido.
La oposición al proyecto ha generado una movilización social significativa en Canarias. La Plataforma Salvar Punta Blanca, que agrupa a 34 colectivos, ha articulado esta respuesta conjunta, respaldada por más de 62.000 firmas recogidas a nivel internacional. Los colectivos insisten en que Punta Blanca debe ser preservada como patrimonio natural común y no transformada en una infraestructura turística.
En definitiva, las alegaciones coinciden en que el proyecto Ocean Citizen, tal y como está planteado, supone una amenaza para la integridad ecológica de la ZEC Teno-Rasca y reclaman a la administración que priorice la protección del medio ambiente frente a intereses económicos privados.